El expresidente de la Comunidad Valenciana ha sido absuelto del delito de aceptar unos trajes como regalo de una trama dedicada a intercambiar favores políticos por favores pecuniarios. Como suele suceder, la izquierda –que había dictado sentencia mucho antes– ha arremetido con sus maneras habituales contra el jurado, el tribunal y el propio Francisco Camps; resulta difícil no reírse cuando reclaman respeto para las decisiones que les benefician si saltan en cólera a la más mínima contrariedad. La izquierda nunca ha creído en la separación de poderes, sino en la sumisión de todos ellos a sus deseos.
La obsesión de la izquierda con Camps ha provocado que este proceso tan ridículo haya ocupado tanto espacio en los medios. En cambio, la investigación sobre la posible financiación irregular del PP por medio de la trama Gürtel, asunto éste bien serio, ha pasado mucho más desapercibida. Menos atención aún han recibido casos tan escandalosos y voluminosos en dinero público como el de los ERE, que ha tenido que esperar a que Torres Dulce ocupara la Fiscalía General del Estado para que la investigación recibiera la atención y el esfuerzo que durante los últimos años se ha desperdiciado en el caso Camps.
Bien es cierto que la responsabilidad mayor en que el foco informativo se haya fijado en este asunto de los trajes ha sido el propio Camps, al enrocarse en su puesto durante tanto tiempo que parecía que considerara mantenerlo como un derecho inalienable. El PP ha sufrido una erosión política que podía perfectamente haberse evitado de haber decidido el expresidente reconocer su culpa desde el primer día –aunque fuera inocente–, pedir disculpas, pagar el dinero de los trajes y afirmar que no sabía que estos regalos tuvieran un origen turbio.
Pese a ello, hay voces que reclaman su regreso a la política, como si ésta fuera un derecho y no un servicio a los ciudadanos. Camps no fue despojado de nada, ni debe ser por tanto restituido con nada. Otra cosa es que, una vez superado este juicio y ha sido declarado inocente, se considere que su capacidad política puede ser de utilidad para alguno de los gobiernos de su partido. Al fin y al cabo, ha sido presidente autonómico y es un político con experiencia. El problema es que no parece que su capacidad de gestión sea merecedora de premio alguno.
La valenciana es una comunidad autónoma que aparece bien alto, cuando no la primera, en los ránking de derroche, deuda y déficit. Al contrario que otras regiones como Extremadura o Castilla-La Mancha, cuyos presidentes han tenido que lidiar con la herencia dejada por los socialistas, ha sido el Gobierno del PP, y en concreto el de Camps, el que ha llevado a esta problemática situación al gobierno autonómico. Por eso, y al margen de trajes y gúrteles, el expresidente no debería volver a ocupar ningún cargo que conlleve manejar un presupuesto mínimamente amplio.