Los disturbios de hace un mes en Valencia y Barcelona han resultado un magro botín para la izquierda parlamentaria, cuyos portavoces volvieron a mostrar este jueves que la realidad nunca es un obstáculo en su negocio de demoliciones.
El ministro del Interior dedicó toda una tarde a aclarar con prolijas explicaciones que, en los altercados de las manifestaciones estudiantiles, la única violencia ilegítima fue la de los gamberros y las únicas víctimas fueron los veintiún policías heridos a mordiscos, pedradas, patadas y palos, además de los dueños de coches incendiados, los propietarios de oficinas bancarias asaltadas y destrozadas y los transeúntes que no pudieron cruzar unas calles ocupadas por energúmenos totalitarios. Demasiado celo expositivo, se dirá, para tan poca materia oscura. El sistema parlamentario tiene estas servidumbres: emplea tiempo y dinero de los contribuyentes en la discusión de lo que no tiene vuelta de hoja y, en cambio, preserva en una rocosa penumbra lo relevante y lo controvertido.
Que la Policía respondió, con los instrumentos que la ley le da, a la violencia de los alborotadores, es un hecho que no necesitaba una comparecencia de tres horas del señor ministro. Su alocución debió concluir en el momento en que los portavoces de los grupos de la izquierda, entre ellos el PSOE, se negaron a ver el vídeo de las agresiones a agentes de policía que el señor Jorge Fernández quiso aportar a la Comisión. Antes ciegos que razonables. Quedó claro, una vez más, que no están interesados en aclarar nada mediante la comprobación de los hechos, sino en mantener su propia algarada en la tribuna del Parlamento y en dos o tres titulares periodísticos. En el clima de cólera, creen tener una posibilidad de supervivencia. Ya lo dijo el señor Rodríguez Zapatero a uno de sus locutores de cámara en marzo de 2008: "Nos conviene que haya tensión". Pan turbio para hoy, hambre de gresca para mañana.
Si algo ha probado la actuación policial ante la violencia callejera es que el desafío antistema de la extrema izquierda y su viejo-nuevo inquilino el PSOE, es un tigre de papel. Ha bastado que la Policía fuera dirigida por un nuevo Gobierno hacia el objetivo de preservar el Orden Público, la propiedad privada y la libertad de circulación de las personas, para que las intentonas de ocupación tumultuosa de la calle se desvanezcan. La Puerta del Sol en Madrid y la Plaza de Cataluña en Barcelona vuelven a ser lugares de paso y disfrute de los vecinos y los turistas. Las ocupaciones de edificios casi han cesado. Quemar coches, romper lunas de escaparates o agredir a viandantes por el hecho de pensar distinto (como les ocurrió a peregrinos de la JMJ) ya no sale gratis. La calle vuelve a ser un lugar libre y seguro, y no un antro de rencor y violencia ideológica usurpado por unos pocos. Para eso está la Policía, para mantener la legalidad y proteger a los ciudadanos. No hizo otra cosa durante los disturbios de Valencia y Barcelona.
La estrategia de la demolición puede que le funcione al PSOE en la calle y en ciertas calderas periodísticas. Pero es flor de un día. En el Parlamento, su histeria choca con los tozudos hechos. Afuera, si el Gobierno persiste en su compromiso con la ley y mantiene su apoyo a la Policía, los alborotadores acabarán dispersándose o pagarán por su violencia.