Cuando para protestar por la subida del precio del billete de metro se decide poner en peligro la vida de ocho mil personas en el Metro de Madrid, nos podemos preguntar si estas cosas pasan en España porque la gente piensa que le puede salir bastante barato, porque nuestra legislación no es lo suficientemente dura, o porque siempre va a haber alguien que justifique que el patrimonio, la integridad física y la libertad de los demás merecen un poquito de maltrato para hacer política.
Cuando sucede algo así, a renglón seguido suele aparecer algún político anunciándonos una reforma definitiva que acabe con los espacios de impunidad y varios bla, bla, bla, aunque nuestra legislación ni es muy dura ni deja de serlo. Es muy extensa, pesada y cada vez más reglamentista –véase el infumable Estatuto de Cataluña–. Tenemos leyes por un tubo, que deben multiplicar ustedes por diecisiete. La legislación motorizada, que se ha llegado a denominar. También es cierto que en algunas cuestiones fundamentales seguimos en el limbo o en el siglo XIX. Seguimos sin una ley de huelga y nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal es de mil ochocientos y pico. Nuestros parlamentarios repartidos por la geografía nacional han considerado prioritario regular algo tan esencial como que para aprobar un plan urbanístico se tenga que emitir una evaluación del impacto que sobre el género va a tener la alineación de las calles y la calificación del suelo como urbano o no urbanizable. Pero seguimos sin ley de huelga.
Volviendo al tema, el Código Penal es más que suficiente para meter en la cárcel durante varios años a estos presuntos salvajes y para que la broma les salga, digamos, gravosa, a nivel personal y familiar. Pero el problema no es de leyes sino de su aplicación. Si la Constitución no rige en gran parte de España, es normal que el Código Penal, que los juristas llaman la "Constitución en negativo", tenga sus malos momentos. El problema se concatena entre la policía, los fiscales y los jueces. Por ejemplo, al hilo de lo que sucedió en Barcelona el día de la huelga dizque general, y la página web con la que la Generalitat pretende identificar a ciertos amigos de la humanidad, Jueces para la Democracia y los habituales villarejos y menas, ya han dicho que eso vulnera no se sabe cuántos derechos fundamentales; como si colgar fotos en la Red no fuera muy distinto de lo que se ha hecho con las fotos de los etarras, que han estado durante años en las comisarias patrias. Lo que les quiero decir es que no necesitan rascar ustedes demasiado para que un juez considere justificado tirar del freno en el Metro de Madrid.
Y con la Fiscalía pasa otro tanto; no está libre de modas y de demagogia. En España se detiene a personas para retirarles el carnet. No por conducción temeraria, sino para que lo entreguen. O se persigue a propietarios de cuadras que tocan una teja sin licencia. Por eso, si los fiscales tienen instrucciones para ser durísimos con los delitos de tráfico, no estaría mal que también las tengan para serlo con los desórdenes públicos, que parece que se van a poner de moda en breve.
Al fin y al cabo, los políticos necesitan cierto apoyo; me refiero a que si cuando se ordena limpiar la plaza de Cataluña, la oposición se tira al cuello del consejero de turno, la plaza se rellena al minuto siguiente, y el jefe de la policía acaba imputado, alguien puede pensar que, para la próxima vez, limpie la plaza Rita. Y ese apoyo se necesita, también, para que el metro siga siendo España y no metrolandia, y para que nadie se vaya de rositas.