Está claro que eso de orientarse con los mapas no va con Artur Ibarretxe. Había planeado el hombre un viaje a Ítaca y ahí lo tienen, perdido en el laberinto del Minotauro. Encerrado y sin salida posible. Ninguna. Porque ni siquiera una atolondrada huida hacia delante, la convocatoria del referéndum, resulta ya factible para el Moisés del Llobregat. Mas es a estas horas un cadáver político. Y la publicación de su muy sentido obituario en la plana de esquelas de La Vanguardia, solo cuestión de tiempo. De muy poco tiempo. El insepulto Artur acabará, ha acabado de hecho, como su gemelo Juan José, aquel Ibarretxe primerizo al que Dios confunda. Y todo por culpa de tres míseras actas de diputado. Apenas tres.
El Diablo, es sabido, siempre anda en los pequeños detalles. Así, pese al crecimiento exponencial de la Esquerra (de diez a veintiún representantes), el ascenso de Iniciativa (gana tres) y la irrupción en escena de la CUP (con otros tres escaños), los proclives a violentar la legalidad constitucional no suman los dos tercios imprescindibles para poder convocar la consulta prometida por el muy honorable difunto. Hay en catalán una voz, milhomes –"mil hombres"–, con la que se designa a la variante local de un gran clásico español, el chulito de barra de bar. Al respecto, Tarradellas, que no solo era alto sino que también era grande, solía repetir que en política procede hacer cualquier cosa, menos el ridículo.
Pero nuestro pequeño milhomes no estaba para esas prevenciones. Él iba a convocar el referéndum "sí o sí". Aunque cubriéndose las espaldas frente al Código Penal. De ahí que, muy cuco, optase por recurrir al padrón municipal –y no al censo– a fin de orillar la legalidad sin incurrir en delito. Mejor que prevariquen los alcaldes, caviló el astuto padre de la pàtria. Y, de paso, que votasen la independencia los pakistaníes y los maulets senegaleses. Truco leguleyo que apenas exige un trámite menor, a saber, que el Parlament promulgue esa ley electoral catalana que lleva camino de treinta años pendiente de aprobación. Ley que el artículo 56 del Estatut exige sea avalada, ¡ay!, por dos terceras partes de la Cámara, o sea por noventa diputados. Y faltan tres.