Cuando, nada más anunciar su desafío secesionista, Artur Mas acudió a Madrid a pronunciar una conferencia, los únicos empresarios de relevancia que le arroparon fueron los gerifaltes del grupo Prisa, ese ruinoso emporio volcado en el blanqueamiento del proyecto de demoliciones del nacionalismo catalán, que pretende arrasar con España como nación y como Estado de Derecho.
Así las cosas, no es de extrañar que el referente de la prensa global de progreso no venga investigando ni aun informando de los escándalos de corrupción que asuelan Cataluña. Pero al parecer esa actitud inefable no debía de parecer suficiente a los barandas prisaicos, así que, quizá considerando que no hay mejor defensa que un buen ataque, este domingo El País arremetía contra la Policía acusándola nada menos que de haber urdido una "conspiración", junto a algunos editores de periódicos y miembros del PP, contra los nacionalistas catalanes.
Como "oscura maniobra al margen de la ley para denigrar a los políticos gobernantes de Cataluña" ha calificado El País las pesquisas policiales que se están llevando a cabo para averiguar el origen del abultado patrimonio de la familia Pujol en México y Argentina. Si el desfondado buque insignia de la descangallada flota prisaica no quiere informar del asunto, ni que la Policía lo investigue, debería, siquiera sea por una vez, armarse de valor y decirlo abiertamente; todo menos aventar las bochornosas justificaciones que anda esgrimiendo para sacar la cara a semejante saga: se trataría de averiguaciones "sin autorización judicial" efectuadas por "policías emboscados en el anonimato"; de "informes no oficiales en los que se mezclan acusaciones reales de corrupción con otras no demostradas o simplemente falsas" que se hacen llegar a "diarios conservadores".
Naturalmente, la Policía puede –tal y como ha recordado el SUP– investigar todo tipo de denuncias, por anónimas que sean; y, en función de lo que encuentre, solicitar al juez más margen de actuación. Es evidente que sin estas investigaciones previas los policías nunca podrían facilitar a los jueces indicios suficientes para la apertura de sumarios. De hecho, sin estas investigaciones preliminares ningún informe policial llegaría jamás a ser oficial; ni se podría distinguir las denuncias de corrupción fundadas de las infundadas. El País, que no ha informado de acusación alguna contra CiU –ni siquiera de las que califica de "reales"–, no se priva en cambio de lanzar basura sobre esos "anónimos" agentes que, no obstante, tan bien conoce, pues sabe que "pretenden defender con su estrategia la unidad de España".
Ignoramos si la patética defensa que hace El País de CiU en general y de la familia Pujol en particular se debe por encima de todo al hecho de que la sociedad de Oleguer Pujol –hijo menor del expresidente de la autonomía catalana– hizo ganar a Prisa 242 millones de euros en 2008, al comprarle sus sedes de Madrid y Barcelona. Sea como fuere, que el referido imperio mediático, con sus tremendos problemas económicos a cuestas, haga o haya hecho sustanciosos negocios con la familia Pujol y que CiU pretenda socavar las bases de la Nación con consultas secesionistas abiertamente ilegales no son razón alguna para que la Policía y los medios de comunicación dejen de investigar la corrupción. Sólo faltaría. Cómo se retratan.