Los vecinos de mi edificio vamos a convocar una consulta, escalera por escalera, con el objetivo de dejar de pagar los impuestos municipales, si es que la propuesta consigue la mitad más uno de votos favorables. Estamos hartos de ser explotados por un ayuntamiento que no nos entiende y que utiliza nuestro dinero para construir jardines en los barrios más pobres de la ciudad, mientras los columpios en los que juegan nuestros hijos llevan años necesitando una buena mano de pintura, y ni siquiera la reciente inauguración de una línea municipal de tranvía hasta nuestro mismo portal nos va a hacer cambiar de idea.
La Junta Directiva de la Comunidad de Propietarios es partidaria de esta votación, y así lo manifiesta en todas las reuniones. Pero tenemos a un vecino que, aunque defiende nuestro derecho a decidir, quiere que se consulte antes con el Ayuntamiento, para que la votación sea legal y, por tanto, vinculante. Por supuesto, no le vamos a hacer ni puñetero caso, porque la tesis del Ayuntamiento es que cualquier decisión sobre el régimen impositivo municipal es de su propia competencia; y, en todo caso, de someterse a consulta pública, ésta se haría a todos los vecinos de la localidad, previa reforma de las ordenanzas municipales sobre impuestos, tasas y gravámenes. Otro vecino, encima recién llegado, afirma que todo esto es un disparate y que los habitantes de la ciudad somos todos iguales, lo que implica que unos cuantos no pueden destruir la legalidad para separarse por su cuenta, decidiendo así por los demás (luego se sorprenden de que los niños les lancen piedras durante la comida anual de hermandad). Bien, que voten en contra cuando pongamos las urnas, si lo consideran oportuno. La Junta Directiva, dechado de virtudes superdemocráticas, no les va a prohibir la expresión libre de su voluntad.
Vamos directos a la independencia, y eso no lo puede frenar nadie porque el proceso va a ser exquisitamente democrático, y ya se sabe que todo lo que se vota en democracia ha de ser aceptado, aunque suponga destruir el orden legal vigente. El Ayuntamiento tendrá que aceptar nuestra decisión, democráticamente expresada, de dejar de contribuir al erario público para constituir nuestra propia hacienda vecinal y gestionar de forma independiente los servicios de la finca. Los vecinos que no estén de acuerdo tendrán que fastidiarse o irse a vivir a otro edificio, porque la voluntad de una comunidad de vecinos no puede ser aplastada por convenciones ridículas ni presiones externas de una supuesta legalidad que nosotros no reconocemos.
Tan sólo hay una posibilidad de que no llevemos a cabo nuestro proyecto: que el alcalde acceda a invertir en nuestro barrio más que en el resto de la ciudad, a doblar las subvenciones anuales a nuestra comunidad de vecinos y a paralizar las investigaciones de la policía municipal sobre ciertos asuntillos que afectan a miembros de la Junta Directiva y sus familiares. Si acepta, igual nos lo pensamos y consentimos seguir unos años más vinculados a este Ayuntamiento casposo, retrógrado y autoritario que tan mal nos trata desde tiempo inmemorial.