La Dirección General de Tráfico, dependiente del Ministerio del Interior, pretende aprobar una reducción drástica de los límites de velocidad en el 90% de las carreteras con la manida excusa de la siniestralidad. El Gobierno también baraja elevar a 130 km/h la velocidad máxima en ciertas autopistas y autovías, aunque de forma muy limitada, pero este gancho, ideado para ganarse a la opinión pública, camufla, en realidad, una de las mayores restricciones a la circulación de las últimas décadas. En concreto, los límites en las carreteras secundarias bajarán en muchos casos a una horquilla de entre 70 y 50 km/h, mientras que en la mayoría de las vías urbanas el límite máximo se reducirá a apenas 30 km/h.
Según Interior, esta medida ayudará a reducir la mortalidad en las carreteras. El departamento de Jorge Fernández usa una vez más el exceso de velocidad como argumento para justificar una política que, en esencia, lo que persigue es recaudar más mediante multas y sanciones. En primer lugar, las estadísticas oficiales dejan mucho que desear, tal y como evidencia el maquillaje de víctimas mortales que aplicó el anterior Ejecutivo socialista –aminorando las cifras reales– o la ausencia de detalles sobre las causas determinantes de los accidentes. Sin duda, el exceso de velocidad es un factor a tener muy en cuenta en el ámbito de la seguridad vial, pero las autoridades olvidan que la drástica reducción de la mortalidad en las carreteras tiene mucho que ver con la evidente mejoría que ha experimentado la pavimentación de las vías, los sustanciales avances que han incorporado los vehículos y, sobre todo, la rapidez y calidad del servicio de urgencias para atender a las víctimas.
En esta materia, el Estado parece mirar hacia atrás en lugar de hacia adelante. Es evidente que en el último medio siglo España ha experimentado un avance radical en los ámbitos sanitario, automovilístico y de infraestructuras, lo cual ha supuesto una gran mejora en lo relacionado con la seguridad. Sin embargo, en lugar de adaptarse a los tiempos y otorgar al conductor un mayor margen, el Gobierno prefiere reducir de forma drástica los límites de velocidad, hasta niveles inéditos, sin percatarse de que tal medida conllevará perjuicios económicos, ya que ralentizará la circulación y el transporte de mercancías. Esta contradicción muestra que el Estado está más preocupado por sus finanzas que por la seguridad de los conductores, a quienes trata como meros contribuyentes extra desde hace tiempo.
Tráfico debería centrarse en mejorar aún más la calidad de las carreteras, eliminar del mapa los fatídicos puntos negros, en los que se concentran los accidentes graves, y situar los radares en aquellos tramos en los que realmente contribuyen a reducir los riesgos para la seguridad de los conductores. Asimismo, también debería elevar los límites de forma permanente en autopistas y autovías, tal y como sucede en numerosos países europeos. Además, esta fórmula permitiría salvar de la quiebra a numerosas concesionarias de vías rápidas y nos ahorraría esa injustificable nacionalización que pretende Fomento.