La presentación en el Parlamento de una colección de biografías políticas editadas por la fundación que preside fue aprovechada por José María Aznar para poner nuevamente de relieve la necesidad imperiosa de invertir el rumbo que Rajoy ha imprimido a su Gobierno. Con menos desdén que en la entrevista televisiva de la pasada semana, seguramente en atención a las circunstancias propias del acto y el lugar en el que se estaba desarrollando, el expresidente del Gobierno volvió a insistir en los principios básicos del Partido Popular que, en el terreno económico, estaban basados fundamentalmente en la defensa de las clases medias a través de la moderación fiscal, el control del déficit y una política severa de reducción del gasto público. Si esas tres medidas demostraron su eficacia cuando España tenía que afrontar el reto de su entrada en el euro, con mucha mayor razón son exigibles en unos momentos como los actuales, en los que la crisis económica azota con especial virulencia a los sectores productivos del país con el agravante de una política fiscal llevada por el gobierno hasta límites confiscatorios.
Pero como ayer señaló Aznar nuevamente, los problemas actuales de España no residen únicamente en una política económica contraria a las necesidades acuciantes del país. Por debajo de ese programa desnortado que hace trizas la trayectoria del PP en lo económico se adivina la necesidad de Rajoy de contentar a las fuerzas secesionistas, aunque para eso tenga que agraviar hasta lo obsceno al resto de los españoles. Es lo que se ha podido comprobar una vez más con el intento de Rajoy de aglutinar en torno a él a los presidentes regionales pertenecientes a su partido, la mayoría de los cuales están dispuestos a no transigir con los escarnios asimétricos con los que lleva ya tiempo amenazando su ministro de Hacienda, el inefable Cristobal Montoro.
Es una injusticia clamorosa que aquellas comunidades autónomas que han cumplido con sus compromisos de reducción del déficit se vean perjudicadas en beneficio de aquellas con dirigentes más incapaces. No otra cosa es ese "déficit a la carta" pretendido por el Ministerio de Hacienda para ampliar el margen de despilfarro de las regiones que han demostrado una mayor indisciplina presupuestaria, con Cataluña en lugar destacado. Porque, en realidad, el liderazgo de la comunidad catalana en el desastre financiero autonómico es la clave de esta ofensa de Rajoy a las que han cumplido. ¿O es que alguien piensa a estas alturas que si fueran sólo Murcia, Valencia o La Rioja las comunidades con exceso de déficit iba Rajoy a mostrar la menor compasión con sus responsables políticos?
El desprecio con que Rajoy pretende tratar a las comunidades que han sido capaces de reducir su brecha presupuestaria en el ejercicio pasado se agrava si tenemos en cuenta que, en tan sólo un año y medio, el grueso de los dirigentes autonómicos involucrados en los enjuagues de Montoro va a tener que presentarse ante los ciudadanos para reclamar nuevamente su confianza. No es justo que unos lo hagan con un más amplio margen financiero, a costa de los que hicieron honor a su palabra y han de comparecer ante el cuerpo electoral con el baldón de unos recortes inevitables para cumplir con los compromisos financieros asumidos. Y todo para contentar a una clase nacionalista en abierta rebelión a la que el Gobierno no es capaz de plantar cara haciendo uso de las atribuciones de que dispone en virtud de nuestra Constitución.
En lugar de alentar un "proyecto nacional ancho y profundo que valga la pena", como acertadamente reclama el presidente de honor de su partido, Rajoy ha decidido contemporizar con los enemigos de España y del progreso de todos los españoles. El coste será inasumible y los daños, tal vez, irreparables.