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EDITORIAL

Aznar se enfrenta a la realidad que Rajoy rehúye

Las medidas defendidas por José María Aznar en su intervención son de tal entidad que constituyen por sí mismas un plan de reforma constitucional.

La intervención de José María Aznar en el Club Siglo XXI no defraudó las expectativas levantadas, como ocurre cada vez que el presidente de honor del Partido Popular opina sobre política nacional. Tras la entrevista que hace dos semanas concedió a Antena 3, en la que desgranó una serie de reproches muy serios a la acción de Gobierno de Rajoy, el discurso de ayer fue la ocasión para sistematizar un amplio programa político del que el PP debería tomar muy buena nota.

El discurso de Aznar partió de un análisis certero de los grandes problemas que nos aquejan como Nación, a partir del cual detalló un preciso catálogo de reformas imprescindibles para superar la crisis actual, que, en contra de lo que afirman el Gobierno y el PP, no es solamente económica.

La primera referencia importante de la disertación de Aznar tuvo como objeto la defensa de la división de poderes, aspecto esencial de todo Estado de Derecho. Los enjuagues de Gobierno y oposición para manejar los resortes del Poder Judicial no pueden ser asumidos como un rasgo inevitable de nuestra democracia sino que, como sostuvo Aznar, son el principal motivo para una reforma en profundidad de la Justicia que garantice su independencia. También el sistema educativo, objeto actualmente de una reforma de carácter principalmente técnico, estuvo presente en la conferencia del expresidente, que insistió en la necesidad de "arrumbar prejuicios" y evitar "la pervivencia de paradigmas fracasados".

Pero tal vez la crítica más en sazón de todo el discurso de Aznar fue la que dedicó a las amenazas a la soberanía de la Nación y la necesaria reforma del modelo territorial, claramente desmadrado, sin que las instituciones nacionales sean capaces de devolver a las autonomías nacionalistas al orden constitucional. El presidente de honor del PP destacó dos cuestiones básicas que el Gobierno debería tener claras. En primer lugar, que la Nación española y su soberanía no pueden ser objeto de discusión, en contra de lo que estamos viendo desde que la Generalidad de Cataluña inició su proceso secesionista. En segundo término, la necesidad imperiosa de "incrementar la racionalidad organizativa y económica del modelo territorial, tanto en lo que se refiere al Estado Autonómico como a los entes locales", pues las ineficiencias y duplicidades están suponiendo un lastre demasiado gravoso como para que podamos iniciar la senda de la recuperación económica. En contra de lo que sugieren con insistencia las intervenciones del actual responsable de Hacienda, "no podemos resignarnos a ser la sociedad que nuestras Administraciones nos imponen", sino que éstas "tienen que servir a la sociedad que queremos".

El conjunto de las medidas defendidas por José María Aznar constituyen un plan de reforma constitucional, por más que el expresidente del Gobierno decidiera no hacer mención expresa a una modificación de la Carta Magna. No obstante, el profundo calado de las reformas que el país necesita exige que sean llevadas a efecto, bien a través de una modificación de la Constitución, bien explotando a fondo los mecanismos previstos en ella para revertir los graves excesos que la clase política ha protagonizado en las últimas décadas.

Frente a la resignación de un presidente del Gobierno partidario de la inacción ante los graves problemas de orden político, José María Aznar hizo ayer una llamada al coraje verdaderamente reformista, poniendo el acento en las cuestiones más sustanciales, por polémicas que puedan resultar. Es la diferencia entre asumir el liderazgo político y rehuir la realidad para evitar la confrontación.

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