Acaba de fallecer el teniente general Emilio Alonso Manglano, que fue director de los servicios de inteligencia españoles durante quince años, de 1981 a 1995, a los que llegó como teniente coronel. Fue uno de los pocos cargos políticos nombrados por la UCD que el PSOE respetó. Su muerte sirve para preguntarnos si es cierto lo que sostuvo el exagente Juan Martín Roy al presentar en junio de 2012, hace ahora un año, una asociación de veteranos del espionaje español:
Somos de primera división. No tenemos nada que envidiar a nadie.
La verdad es que los servicios de inteligencia o espionaje, para ser claros, padecen la misma decadencia que el resto de la nación. Felipe II y su hija la infanta Isabel Clara Eugenia cifraban y descifraban personalmente despachos de embajadores, y el mismo monarca aconsejó a su hermanastro Juan de Austria a propósito de cómo usar a los espías en la campaña contra los turcos que condujo a la victoria de Lepanto. Más tarde, Felipe III enviaba oro a su embajador en Roma para sobornar al secretario de Estado.
En el siglo XX, los servicios más o menos secretos se limitaban a investigar a la oposición al régimen de turno. El general Emilio Mola, que fue director general de Seguridad entre 1930 y 1931, cuenta en sus memorias que disponía de 6.200 pesetas mensuales en concepto de gastos reservados "para conseguir un servicio secreto perfecto". Su misión era estar al tanto de lo que tramaban los conspiradores contra Alfonso XIII en España y en París. La política exterior era un asunto demasiado abstruso para los gobernantes de la Monarquía y la República (en sus memorias, Manuel Azaña no menciona el acceso de Adolf Hitler al poder, que coincidió con su presidencia del Gobierno).
Por fortuna, añade Mola, la costumbre española de alardear a gritos en los cafés, las tertulias y la Cacharrería del Ateneo le permitió descubrir numerosos secretos. Sentado en un café céntrico de Madrid, Mola se enteró sin hacer nada más que escuchar de a qué dirección se dirigía a Alejandro Lerroux la correspondencia secreta.
Prohibido pinchar teléfonos
Además, la DGS española no podía intervenir la correspondencia ni los teléfonos de sus objetivos ¡en 1930!, método que ya usaba la sanguinaria NKVD soviética y que empezaron a emplear en esa década los servicios policiales y de inteligencia de las democracias, como el FBI, y de otras dictaduras, como la Forschungsamt alemana.
En el régimen franquista hubo abundantes servicios de información, que confluían en El Pardo o en los hombres de confianza del general Franco: tenían servicios de información los tres Ejércitos, la Guardia Civil, la Policía, Presidencia del Gobierno (el Seced, entre 1972 y 1977), el Alto Estado Mayor, la Falange (el más pequeño e inoperante, y con el tiempo desapareció, como la Falange Exterior)… La Brigada Político-Social, dependiente de la Dirección General de Seguridad, se fundó en 1941 con la misión de detectar y prevenir las actividades contrarias al Gobierno y se suprimió formalmente en 1986.
Como cuenta el general Armando Marchante en dos interesantísimos artículos (Razón Española, números 167 y 174), los Servicios constituyen
(…) un tremendo peligro para la libertad de los ciudadanos. Pocas veces los poderes públicos son capaces de mantenerlos dentro de los límites que marcan las leyes que protegen a los ciudadanos y hacen imposible la violación de sus derechos fundamentales. Lo habitual es justo lo contrario, con el agravante de que la eficacia real de estos Servicios dista mucho de ser lo que ellos dicen.
Servicios como el Seced y el del Alto Estado Mayor fracasaron, el primero, en impedir el asesinato por ETA del presidente del Gobierno, Luis Carrero Blanco, y, el segundo, en detectar la Marcha Verde y en evaluar las fuerzas militares marroquíes a las que se podían enfrentar las unidades españolas en el Sáhara. Los analistas del Alto Estado Mayor aconsejaron la retirada, aunque el propio Hasán II reconoció que el Ejército español podía haber derrotado a sus tropas.
En 1977 se fundó el Cesid, que absorbió el Seced, pero no mejoró su eficiencia ni, en opinión de algunos exmiembros, su moralidad.
La lista posterior de fracasos de los servicios de inteligencia españoles es inacabable: las bandas terroristas ETA y Grapo siguieron matando durante años (son centenares los casos de asesinato no resueltos); en el 23-F un sector del Cesid impulsó el golpe de Estado y otro sector (quizás el mismo) lo paró; no se detectó la operación marroquí de ocupación del islote de Perejil; no se ha detenido la inmigración ilegal que sale de Marruecos y de otros países africanos; no se descubrieron los planes del atentado del 11-M… Y aunque los servicios españoles consiguieron infiltrar agentes en ETA, las grandes operaciones contra la cúpula de la organización terrorista se realizaron gracias a la colaboración de Estados Unidos mediante sus sistemas de escucha.
El error de tener un único servicio
Es cierto que el Cesid/CNI no es una excepción entre los servicios de inteligencia por sus fracasos. La poderosa CIA no detectó la invasión de Afganistán por la URSS, ni la invasión de Kuwait por Irak; tampoco descubrió las pruebas atómicas de India y Pakistán; y no tuvo indicios sobre los atentados del 11-S. Pero hay un error en el que los norteamericanos (y los británicos, los israelíes, los rusos, los alemanes…) no han caído, a diferencia de los españoles. Aznar integró todos los servicios de información del Estado en el nuevo Centro Nacional de Inteligencia, por ley de 2002. En opinión de Marchante:
La experiencia histórica demuestra que ésa [un solo servicio] es la mejor manera de que un gobernante no se entere de lo que verdaderamente ocurre. Recuérdense los prolegómenos del 23-F.
Y según Rafael Bardají
no hay ningún país democrático que confíe su inteligencia a un único servicio secreto. (…) En cualquier caso, el monopolio o la posición dominante del CNI en la inteligencia española no le ha supuesto una ventaja comparativa respecto al resto de países donde sí conviven diversos servicios secretos, desde los Estados Unidos a Francia, pasando por el Reino Unido. Su grado de éxito no es superior y el de fracasos es igual de malo que el de varios de sus homólogos.
En 1988 el Gobierno de Felipe González había rechazado la unificación de los servicios en uno solo, tal como contó entonces El País:
El Gobierno ha retrasado la anunciada reorganización de los servicios de información militares y civiles, y ha descartado su unificación, pues sus expertos temen la concentración de poder en un solo servicio secreto, mientras que su dispersión permite contrastar datos y evitar un único control de la información, según fuentes del Ejecutivo.
El primer principio de una comunidad de inteligencia es que ningún organismo acapare toda la información, para evitar tanto fallos como manipulaciones. La división más sencilla es entre servicios encargados del interior y servicios encargados del exterior. En Estados Unidos, la comunidad de inteligencia es tan extensa (CIA, FBI, Agencia de Seguridad Nacional, servicios de los Ejércitos y la Infantería de Marina, Centro Nacional Contraterrorista…) que en 2004 el presidente George Bush creó el cargo de director nacional de Inteligencia y la Junta Nacional de Inteligencia.