¿Es lógico que en un país libre haya organismos públicos que, con dinero del contribuyente, además de fomentar el odio y el desprecio a una serie de periodistas por razón de sus opiniones, puedan también amenazarlos con sanciones penales y administrativas?
Valga esta pregunta retórica como arranque de este editorial dedicado al bochornoso informe con el que el Consejo Audiovisual del Cataluña no sólo denigra y calumnia a una serie de periodistas –entre los que figura de forma destacadísima y obsesiva Federico Jiménez Losantos–, sino que trata también de amordazarlos con la amenaza de sanciones penales y administrativas.
Tanto pone de manifiesto el CAC su inequívoca vocación censora y totalitaria que acusa a estos periodistas de hacer lo que precisamente perpetra su informe, a saber, fomentar el odio por razón de opinión y violar el apartado 1º del artículo de la Ley General de Comunicación Audiovisual. El CAC interpreta tan errada como deliberadamente las más que justificadas críticas de estos periodistas al nacionalismo o a la Administración regional catalana como si fueran un ataque indiscriminado hacia Cataluña y hacia todos los catalanes. Y lo hace hasta el delirante extremo de incluir en su liberticida denuncia a una diputada autonómica catalana (Inés Arrimadas) y a un periodista catalán (Xavier Horcajo).
Ni que decir tiene que el informe del CAC nada dice de quienes en Cataluña y en sus medios de comunicación públicos muestran desprecio hacia los catalanes que son y se sienten españoles, ni de quienes muestran su odio a España. Estos comisarios políticos simplemente están a su servicio, con la condescendencia, dicho sea de paso, del Gobierno central.
Al margen de que el CAC carece de jurisdicción, tanto penal como administrativa, sobre lo que se emite desde Madrid, y de que esRadio no tiene emisora en Cataluña desde que se lo impidió la Generalidad, queda nuevamente de manifiesto la especial inquina que los nacionalistas sienten hacia Jiménez Losantos, víctima del terrorismo nacionalista catalán a la que el CAC se la tiene jurada desde que echó a andar.