El caso Nóos recibió ayer un impulso notable que contribuirá a delimitar, probablemente de manera definitiva, las responsabilidades de los imputados en esta macrocausa de corrupción política y financiera en la que se ha visto involucrada en no poca medida la Casa Real. El fiscal del caso, un extraordinariamente activo y locuaz Pedro Horrach, alcanzó después de semanas de conversaciones un acuerdo con el contable del grupo empresarial dirigido por Iñaki Urdangarin y su socio Diego Torres, Marco Antonio Tejeiro, en virtud del cual el empleado de ambos ha explicado la manera en que funcionaba este entramado delictivo a cambio de ver sensiblemente reducida la petición de pena que finalmente formule la Fiscalía en el juicio oral.
Tejeiro ha explicado al fiscal en ocho folios el funcionamiento del grupo societario creado por Urdangarin y Torres, del que el Instituto Nóos, una organización pretendidamente sin ánimo de lucro, actuaba como pantalla para negociar contratos ventajosos con las administraciones públicas a cambio de unos trabajos cuyo coste real era notablemente inferior a lo acordado, y eso cuando las tareas encargadas se llevaban realmente a cabo. Al amparo de esta entidad aparentemente filantrópica, los dos socios utilizaron un entramado de sociedades pantalla con el fin vaciar las arcas de Nóos en beneficio propio a través de los mecanismos internos que el contable arrepentido ha explicado a Horrach. Lo que hace en esta declaración el empleado de Urdangarin, por tanto, no es aportar datos que permitan formular nuevas acusaciones, sino confirmar punto por punto lo que las investigaciones llevadas a cabo por el juez Castro habían dejado ya suficientemente claro en la fase de instrucción.
Habrá quien interprete esta declaración del contable de Nóos como un giro en el caso que avala las pretensiones exculpatorias de la infanta Cristina, tarea a la que la Fiscalía de Horrach y organismos estatales que han participado en la causa como la Agencia Tributaria se han empleado a fondo todo este tiempo. Sin embargo, lejos de atenuar la responsabilidad de la hermana del Rey en la trama, lo que hace esta aportación de la Fiscalía es precisamente señalarla como una de las beneficiarias principales de la trama, sin cuyo concurso hubiera sido imposible llevar a cabo las actuaciones delictivas.
En efecto, Marco Antonio Tejeiro detalló ayer que Aizoon, sociedad propiedad al 50 por ciento de la Infanta Cristina y su marido, tenía como única finalidad la desviación ilícita de los fondos que el Instituto Nóos recibía de las administraciones públicas por los más diversos y absurdos conceptos. Tejeiro señala también, a mayor abundamiento, que la empresa del matrimonio carecía de infraestructura y personal para acometer su pretendida actividad social, que en realidad era una tapadera para arramblar con dinero público a través de contratos ficticios con comunidades autónomas, empresas públicas y ayuntamientos.
El relato que el contable del Instituto Nóos hace en su confesión ante el fiscal es perfectamente coherente con la tesis central del juez del caso cuando acordó el procesamiento de Cristina de Borbón. El magistrado señaló en su auto que los delitos que se imputan a Urdangarin "difícilmente se podían haber cometido sin, cuando menos, el conocimiento y la aquiescencia de su esposa".
Lo que hizo Tejeiro ayer fue confirmar que la empresa de la que la infanta Cristina es copropietaria fue utilizada para sustraer los fondos públicos que llegaban al Instituto Nóos, sin los cuales difícilmente podrían haber sostenido ella y su marido el tren de vida del que estuvieron disfrutando hasta que el caso salió a la luz. Cualquier otra interpretación sólo contribuirá a aumentar el escándalo público provocado por la actitud de la Fiscalía, empeñada contra toda evidencia en limitar la culpabilidad a uno de los dos copropietarios de Aizoon.