Leyendo las repugnantes declaraciones en El Mundo de Josu Zabarte, en las que el Carnicero de Mondragón da las mismas nulas muestras de arrepentimiento que los encapuchados de la banda que nos anunciaron hace tres años el "cese definitivo" de su "lucha armada", he pensado en lo mal que ha estado y sigue estando el derecho a la justicia de las victimas del terrorismo. No lo digo sólo porque a estas horas la Fiscalía no haya presentado contra Zabarte una denuncia por apología del terrorismo –a ver qué sucede con la demanda interpuesta por Vox–, sino por recordar cómo ha sido posible que el autor de 17 asesinatos, por los que fue condenado a 615 años de cárcel, solo haya estado en prisión 29.
Lo que estas declaraciones de Zabarte "demuestran" para el ministro del Interior nada tiene que ver, sin embargo, con la mala calidad de nuestro sistema de administración de justicia, sino con la "urgente necesidad" de "poner en marcha el Memorial de Víctimas del Terrorismo de Vitoria", que ha sido presentado este lunes por el propio ministro y que estará abierto "para 2016, seguro". "Sucederá", ha dicho Fernández Díaz, "que psicópatas querrán imponer su relato, pero no vamos a consentir que ni psicópatas, ni terroristas ni los que miraban para otro lado escriban el relato de lo que sucedió. Hablo de verdad histórica. Si no queremos que se reproduzca esa tragedia, tenemos que dignificar la memoria de las víctimas".
Como comprenderán, yo no tengo nada en contra –todo lo contrario– de que se dedique un memorial a las víctimas, siempre y cuando ese monumento a la memoria y la dignidad no sea una excusa para desatender su derecho a la justicia. De hecho, además de recordar con nombres y apellidos todo el daño causado por ETA, también incluiría en ese memorial una sección en la que se recordara la multitud de decisiones y declaraciones de los gobernantes españoles que han constituido auténticas ofensas para la memoria, la dignidad y la justicia de las víctimas del terrorismo.
Así, soy partidario de que dicho memorial recuerde la despreciable bienvenida que tanto Rubalcaba como el entonces aún líder de la oposición, Mariano Rajoy, brindaron hace ahora tres años al repugnante comunicado terrorista en el que unos encapuchados apenas ocultaban su chantaje, reivindicaban y elogiaban su pasado criminal y condicionaban su "cese definitivo" a un inadmisible e intolerable proceso de negociación que, en el caso español, ya se había consumado.
Con aquel "aval de Rajoy a la paz sucia de ETA", tal y como entones titulé y advertí, ya nos podíamos ir despidiendo del compromiso del PP de expulsar a los proetarras de las instituciones, de ver defendida la Doctrina Parot o de ver en la cárcel a algunos de los terroristas que seguían prófugos tras haber negociado con el Gobierno socialista, como ocurre con el clamoroso caso de Josú Ternera.
En letras de bronce deberíamos recordar las declaraciones que hizo Fernández Díaz nada más asumir la cartera de Interior, en las que, tras calificar de "ejemplar" la labor de sus antecesores socialistas, afirmó:
Para que lo sepa todo el mundo, que me consta que el Ministerio del Interior en ningún momento ha dejado en suspenso el Estado de Derecho.
Igual recordatorio debería darse a las declaraciones en las que afirmó que el Gobierno "prevaricaría" si no excarcelaba a Bolinaga; mentira del mismo calibre, por cierto, que la del entonces ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, al decir que esa injusta excarcelación obedecía a un "imperativo legal".
No menos ofensivo para la memoria, la dignidad y la justicia de las víctimas ha sido la decisión del Gobierno del PP de utilizar de excusa la sentencia de Estrasburgo referida a Inés del Río para llevar a cabo una excarcelación masiva de etarras –la del carnicero de Mondragón incluida–, haciendo así realidad unos de los más graves compromisos adquiridos por el anterior Gobierno socialista con la banda terrorista.
Un insulto para la inteligencia de las victimas del terrorismo que también merece ser recordado fueron aquellas declaraciones en las que el actual ministro del Interior trató de convencernos de que aquella masiva excarcelación de etarras constituía, en realidad, una "derrota total" para los etarras, puesto que los equiparaba a violadores y demás criminales en serie. No menos insultante, y mucho más presente, es la acomodaticia actitud de un Gobierno que parece aspirar no a detener a los etarras y a requisar sus armas, sino a que se las entreguen y que se disuelvan.
Conviene que recordemos, en definitiva, la multitud de injusticias de que han sido y siguen siendo objeto por parte de los Gobiernos las víctimas del terrorismo. Estas injusticias también forman parte de un relato que algunos quieren olvidar y que explican por qué el análisis del camino recorrido en estros tres años nos lleva a concluir, tal y como afirma el editorial de El Mundo, que las víctimas han cedido "mucho más que sus verdugos".