No ha de sorprendernos que el Gobierno no haya movido un dedo para impedir la extinción del Estado. No, si tenemos en cuenta que ni siquiera ha habilitado una web desde la que hacer pedagogía de España. Una maldita web. Hoy, en lo que bien cabe tildar de fracaso orgánico, una parte de la población catalana, hechizada por 40 años de irradiación nacionalista, ha participado en un pucherazo organizado por Artur Mas. Ahí estaba el pueblo en su más gregaria encarnación, guardando cola con mansedumbre de zombi para rendir la papeleta que convierte en extranjeros, de una tacada, a millones de catalanes. Desde luego, todos y cada uno de los votantes merecerían esa plaga bíblica a la que llaman independencia, y cuyo único sustento argumental es la convicción de que sin el resto de los españoles la vida les será más propicia. Un conjuro medieval de raigambre xenófoba, en efecto: nosaltres sols. Tan sólo en otra ocasión he percibido este desamparo. Fue durante los días 11, 12 y 13 de julio de 1997.
Pero no conviene llamarse a engaño. La mayoría de los españoles no han mostrado sino indiferencia ante la posibilidad de una secesión. Paradójicamente, cualquier ínfima trifulca suscita mayor compromiso y agitación ciudadanas que el quebrantamiento de la ley que, mal que bien, ha propiciado el mayor periodo de paz y prosperidad en la historia de España. Es bastante probable que algunas de las amenazas que se ciernen sobre el régimen que nos dimos tras el franquismo estén más relacionadas con esa bonanza que con la crisis. Sea como sea, con el Estado ocurre lo que con los árbitros: vejarlos es más excitante que defenderlos, por mucho que sin ellos no haya partido.
Con todo, si el desistimiento de la ciudadanía es susceptible de una justificación, digamos, sociológica, el del Gobierno es, lisa y llanamente, pura incompetencia. En el peor de los sentidos, además: el literal. Parece oportuno que los eurodiputados de Ciudadanos y UPyD cursen una denuncia ante las autoridades comunitarias, y que sea Europa quien abra un expediente sancionador contra el Gobierno de España por haber tolerado el atropello. En la confianza de que si ser español no "tiene efectos jurídicos", al menos los tenga ser europeo.