Cataluña vivió ayer un día de grotesca infamia, con un Gobierno autonómico en abierta rebelión contra el orden establecido –única fuente de su legitimidad– jaleando un proceso electoral impropio incluso de tiranías populistas como la que padecen en Venezuela: sin censo, sin Junta Electoral, sin interventores, con políticos presidiendo mesas, urnas de cartón, menores votando y la Policía autonómica en flagrante dejación de sus funciones, el 9-N ha tenido la virtud de retratar la catadura del secesionismo, esa afrenta liberticida a la dignidad y la inteligencia de los ciudadanos que pretende hacer del Principado una delirante república bananera. Tras dos años de agitación desquiciada, Artur Mas y toda esa tropa sólo pueden ofrecer una oprobiosa jornada de votación en la que sólo se han implicado un tercio de los convocados, según sus propios y descontrolados datos.
Lanzado sin frenos por la vertiginosa pendiente del ridículo, Artur Mas compareció a última hora de la jornada para pedir ayuda a la comunidad internacional. ¿Ayuda para qué, para consumar esta astracanada golpista a la que los catalanes han dado clamorosamente la espalda? En vez de pedir nada, Mas debe marcharse. Ha demostrado no merecer la dignidad que ostenta. Por lo mismo, deberían hacer lo propio todos sus adláteres y los del igualmente impresentable Oriol Junqueras. ¿O es que pretende éste seguir clamando entre sollozos por una declaración unilateral de independencia luego del estrepitoso fracaso que representa ese irrisorio tercio de participación electoral?
Los cabecillas de la conspiración secesionista han podido hacer este daño tremendo a la imagen y las instituciones de su nación imaginaria por la incalificable actitud del Gobierno de la Nación. En efecto, Rajoy y su Gabinete han sido cooperadores necesarios de este aquelarre liberticida que, por muy ridículo que sea, no deja de representar un formidable desafío al Estado de Derecho del Reino de España.
Rajoy, pues, tampoco es digno de la dignidad que ostenta. De hecho, es el principal responsable de que las cosas hayan llegado a este punto bochornoso. Por eso debe marcharse. España necesita un Gobierno que vele por el Estado de Derecho, que no fuerce a la Justicia a hacer papelones humillantes y que cumpla y haga cumplir la Constitución.