Los anuncios electoralistas que ha protagonizado el Gobierno en las últimas semanas bajo la vana intención de recuperar parte de los votos perdidos de cara a las próximas elecciones confirman lo que ya era un secreto a voces desde hace bastante tiempo. A saber, que la época de reformas y ajustes ha llegado a su fin, a pesar de que España sigue presentando graves desequilibrios económicos y presupuestarios. El aumento de empleados públicos, la reducción de peonadas para cobrar el PER, las ayudas al carbón nacional o la marcha atrás a parte de la reforma sanitaria son tan sólo algunos ejemplos. Habrá más en los siguientes meses, sin duda. Pero lo grave no es este inútil y perjudicial ejercicio de demagogia, tradicional en todos los partidos cuando se acerca la cita con las urnas, sino comprobar que, prácticamente, se ha perdido otra legislatura a la hora de solventar los problemas estructurales sufre España, como, por ejemplo, el excesivo e ineficiente tamaño de la estructura estatal.
En los últimos años, oposición y sindicatos no han dejado de criticar la drástica senda de austeridad pública iniciada por el PP, al tiempo que el Gobierno de Mariano Rajoy se excusaba por los "dolorosos" ajustes acometidos, culpando de ello a la envenenada herencia presupuestaria de Rodríguez Zapatero. Sin embargo, la mentira tiene las patas muy cortas. La evolución de las cuentas públicas demuestra que la manida austeridad no es tal y que la consolidación fiscal emprendida por el PP ha consistido, básicamente, en disparar todos los impuestos y en reducir la inversión pública. Dicho de otro modo, Rajoy ha sangrado a impuestos a las familias y empresas españolas con el fin de mantener más o menos intacta la sobredimensionada estructura estatal propia de la época de la burbuja crediticia.
El sector público gasta hoy 40.000 millones de euros más al año que al comienzo de la crisis, lo que supone un aumento del 10%, excluyendo incluso el coste de las cajas de ahorros. Además, lejos de reducir el gasto de forma intensa y continuada, el PP se limitó a realizar algunos ajustes en 2012, cuando España estaba al borde de la quiebra, pero, desde entonces, el nivel de gasto se mantiene anclado en 460.000 millones de euros, evitando así recortes adicionales en 2013 y 2014.
Asimismo, a pesar de que se ha insistido mucho en la reducción de sueldos y plantillas públicas, lo cierto es que la cuantía total destinada a dicho personal es hoy un 6% superior a la de 2007, mientras que el gasto corriente, que incluye el conjunto de prestaciones y servicios públicos, se ha disparado un 21% durante la crisis, tras aumentar en cerca de 75.000 millones de euros. Por el contrario, una de las escasas partidas de gasto que ha caído de forma sustancial es la inversión en infraestructuras y obra pública, unos 28.000 millones menos desde 2007 (-57%), lo más fácil de recortar, pero también lo menos efectivo, ya que no se trata de gasto estructural.
Así pues, no es de extrañar que España registre todavía uno de los déficits públicos más elevados del mundo desarrollado y que su deuda roce ya el 100% del PIB, después de haberse más que duplicado durante la crisis. Los datos son elocuentes: ni el PSOE ni el PP han aplicado la tan manida austeridad, sino que se han limitado a subir todos y cada uno de los impuestos para sostener en pie el enorme aparato público a costa del dinero de los contribuyentes y el potencial crecimiento de la economía. En materia presupuestaria, aún queda casi todo por hacer.