Un monumental ejercicio de hipocresía. Así puede y debe calificarse la declaración de Manuel Chaves ante el magistrado del Tribunal Supremo que instruye el caso de los ERE, Alberto Jorge Barreiro. Por un lado, el expresidente de la Junta ha cuestionado la existencia misma del monumental fraude: "Si hubo alguna persona que, a nivel individual, utilizó fraudulentamente los fondos, será la Justicia la que lo determine, así como si el fraude fue pequeño o grande", ha dicho. Por otro, ha manifestado que le resulta "muy difícil pesar que en diez años centenares de diputados no vieran nada ilegal".
Para empezar, la existencia de un delito no viene marcada por si ha pasado inadvertido por uno o por cien legisladores. Todo el mundo puede lamentar el largo tiempo en que se perpetró tamaña malversación de fondos públicos sin que nadie viera nada ilegal. Pero más lamentable es la ceguera, presuntamente voluntaria, de quien, como Chaves, era el máximo responsable de que dicha ilegalidad no se produjera, que a día de hoy todavía minimiza o incluso cuestiona la existencia misma del delito.
Por otra parte, conviene recordar que la juez Alaya considera acreditado que el Consejo de Gobierno presidido por Chaves conoció hasta tres informes de la Intervención General de la Junta de Andalucía en los que se alertaba claramente de un mal uso de los fondos públicos en numerosas empresas públicas. A pesar de que Alaya puso fecha a los días en los que se abordaron dichos informes (19 de abril de 2005, el 29 de agosto de 2006 y el 8 de mayo de 2007), Chaves se ha limitado a asegurar que no tuvo conocimiento de los mismos, sin hacer la más mínima consideración sobre por qué cree que se le ocultó tan relevante advertencia o por qué no hizo el menor reproche a sus subordinados por tamaña ocultación.
Resulta difícil de creer que una malversación de fondos que se eleva a centenares de millones de euros, y por la que han resultado imputados cientos de personas, no haya sido planificada ni sea el resultado de una corrupción institucionalizada, tal y como quiso hacer creer la semana pasada José Antonio Griñán durante su declaración ante el Supremo. Pero al menos Griñán no tuvo la desfachatez de cuestionar la existencia de lo que él mismo admitió que era "un gran fraude" y "una barbaridad".
La Justicia dictaminará, ciertamente, las responsabilidades penales de ambos expresidentes de la Junta. Lo que es un hecho es que ninguno de los dos ha asumido ninguna responsabilidad in vigilando. Y esto no lo borrará ninguna sentencia judicial ni ningún resultado electoral.