Las elecciones municipales que hoy se celebran en toda España supondrán la renovación de los casi 70.000 concejales que forman los más de 8.000 ayuntamientos con que cuenta nuestro país. Los electores decidirán sobre la composición de los plenos municipales y, en consecuencia, la titularidad de la alcaldía de los 8.122 ayuntamientos en los que se divide el territorio nacional, una cifra a todas luces excesiva para un país con menos de 46 millones de habitantes.
La dispersión demográfica hace que muchas de estas localidades cuenten con una población que apenas justifica la existencia de instituciones municipales: de los 8.122 municipios, casi 7.000 tienen menos de 5.000 habitantes. Las dificultades de supervivencia de ayuntamientos con unos pocos cientos de vecinos hace que existan acuerdos comarcales para la prestación de servicios básicos como la recogida de basuras, el mantenimiento de infraestructuras o el alumbrado público, de manera que nueve de cada diez alcaldes carecen de competencias directas en las materias más importantes objeto de gestión municipal.
El Gobierno de Rajoy fomentó precisamente esta centralización de la gestión de servicios como un instrumento de ahorro público en el plan de reformas puesto en marcha al inicio de su mandato. Incluso se comprometió ante Bruselas a reducir el número de municipios, dada la escasa o nula justificación para la existencia de la mayoría de ellos. Sin embargo, el número de ayuntamientos no sólo no se ha reducido sino que ha crecido desde las últimas elecciones municipales celebradas en 2011, lo que pone de relieve que el Gobierno del PP no tiene intención de culminar una verdadera racionalización en este importante asunto.
De todos los partidos que concurren a estas elecciones municipales, tan sólo VOX, UPyD y Ciudadanos han prestado atención a una cuestión que debería ser abordada con altura de miras y visión de futuro. Se trata de acabar con este minifundismo municipal que depreda recursos públicos, garantizando a los vecinos los servicios fundamentales que, de hecho, ya no dependen de sus pequeños consistorios. No sólo por el ahorro que este tipo de acciones suponen para las arcas públicas, sino al objeto de que España tenga una distribución territorial racional y acorde con un país del Siglo XXI.