El Tribunal Constitucional acaba de anular el decreto antidesahucios aprobado por la Junta de Andalucía que pretendía expropiar las viviendas inmersas en procesos de desahucio, así como multar a las personas jurídicas, bancos, inmobiliarias o entidades de gestión patrimonial que no destinen al arrendamiento sus propiedades residenciales.
Aunque el TC, a la hora de tumbar este decreto populista y demagógico, no haya entrado en otra cuestión de fondo que la de señalar que la expropiación de viviendas es competencia exclusiva del Estado, lo cierto es que la sentencia constituye un claro aviso a navegantes y a todos aquellos gobernantes locales o autonómicos –o aspirantes a serlo– que utilizan el drama que, sin duda, constituye un proceso de desahucio para tratar de socavar el ordenamiento jurídico en aspectos tan esenciales como el cumplimiento de los contratos y el respeto a la propiedad privada.
Gravísimo ejemplo de ello ofrece la candidata de la plataforma Ahora Madrid a la Alcaldía de la capital, Manuela Carmena. Sin siquiera haber sido elegida alcaldesa, Carmena se acaba de reunir con el presidente del Tribunal de Superior Justicia de Madrid y con su juez decano para frenar los procesos de desahucio mediante la puesta en marcha de una oficina que pare los lanzamientos. Según ella misma ha explicado en Twitter, su propuesta "les ha parecido estupenda" a sus antiguos colegas.
Es probable que Carmena se convierta en la nueva alcaldesa de Madrid, a pesar de que la lista más votada haya sido la encabezada por Esperanza Aguirre. Pero eso no le dará derecho alguno a saltarse la ley. Por el contrario, el hecho de ser alcaldesa le obligaría a ser la primera a la hora de cumplir y hacer cumplir la ley, tanto si le gustara como si no. Otro tanto se puede decir de los jueces, que lo único que deben observar a la hora de impartir justicia es la ley, y no las propuestas de una aspirante a alcaldesa, por muy "estupendas" que les parezcan o por muy amigos que sean de ella.
No hay mejor forma para facilitar el crédito a la compra de vivienda o estimular la oferta de alquiler que dar seguridad –jurídica– a los acreedores y a los arrendadores de que pueden reclamar lo que prestan o alquilan. Si Carmena quiere cambiar la ley hipotecaria, o la de arrendamientos o cualquier otra, que lo promueva; pero que tenga presente que es el Estado central el que tiene las competencias para ello, y que los cambios legislativos deben ser compatibles con el orden constitucional.
A este respecto, hay que recordar que el Gobierno del PP ya aprobó hace unos meses el Real Decreto Ley de Mecanismos de Segunda Oportunidad y Reducción de la Carga Financiera, por el que se extiende en dos años, hasta 2017, el periodo de suspensión de lanzamientos sobre viviendas habituales de colectivos especialmente vulnerables, que vencía en este mes de mayo.
Está visto, sin embargo, que lo que Carmena busca no es tanto un nuevo cambio legislativo como una nueva interpretación tan alternativa del Derecho como arbitraria y demagógica por parte de unos jueces simpatizantes de su causa. Pero, en fin, tampoco ha de extrañar, en vista del liberticida y empobrecedor programa de gobierno que esta veterana comunista quiere llevar a cabo en la capital de España.