Todo el mundo sabe a ciencia cierta por qué se ha impuesto la necesidad imperiosa de reformar la Constitución en estos momentos, pero nadie quiere reconocer la causa. Quien más quien menos la viste de pamplinas y disculpas históricas. Los únicos que dicen lo que pretenden con ella son los involucionistas de Podemos y los rupturistas vascos y catalanes nacionalistas. Los primeros quieren un nuevo proceso constituyente, los otros, tener su propia constitución. Los dos, acabar con la España de ciudadanos libres e iguales, e imponer el territorio por encima de los individuos.
Entre las disculpas de todos los demás, resalta la de remozarla para dotarla de las necesidades de las nuevas generaciones, y así acabar con los problemas que aquejan a la sociedad española actual.
Veamos cuáles son y si es necesario reformar la Constitución para solucionarlos: el paro, la corrupción política, la falta de una economía productiva, el deterioro de la Seguridad Social, el fracaso escolar, la fuga de jóvenes con formación, la falta de recursos energéticos, el déficit público, la insuficiencia de cobertura por desempleo, las condiciones cercanas a la pobreza de capas sociales que hasta la crisis no existían, asegurar las pensiones de las nuevas generaciones y prever las nuevas necesidades de una sociedad en envejecimiento constante, sostener en el tiempo presupuestos adecuados para la investigación y el desarrollo… Seguramente hay más urgencias, pero con estas resueltas seríamos la sociedad del bienestar más desarrollada del mundo.
Pues bien, para resolver cualquiera de estos problemas no se necesita reformar la Constitución. Entonces ¿para qué se quiere reformar? ¿Para encajar de una vez a los nacionalistas en España? ¿Para darles más carrete, a ver si se cansan? ¿Para dotarla de mayor apoyo social que en el 78?
Para esa conllevancia o encaje se diseñó la España de las Autonomías. Ya sabemos para lo que han servido las comunidades desleales, para construir a la chita callando estructuras de Estado durante años y utilizar los presupuestos para romper en las nuevas generaciones cualquier lazo sentimental, cultural y político con España. Darles carrete, es decir, untarlas a costa de extraer de otras autonomías presupuestos que vertebren el territorio nacional, ya no les es suficiente. Lo quieren todo. Y finalmente, ¿saldría más reforzada socialmente una reforma constitucional que diera a los nacionalistas casi todo? En absoluto, cualquier reforma que ceda singularidad, personalidad propia o imponga asimetrías fiscales, culturales o lingüísticas no tendría el apoyo de buena parte de la sociedad española no nacionalista y no lograría convencer a los secesionistas. Y entonces sí que tendríamos un problema. Hoy podemos decir que el mayor apoyo a la Constitución del 78 fue en Cataluña. Después sería el menor. Con permiso del País Vasco.
No falla la Constitución, sino la actitud de los políticos para hacerla cumplir. Es eso lo que hay que cambiar, la cobardía de los políticos para hacerla cumplir. La reforma es una solución a los problemas de los políticos y sus maniobras electorales, no de la política, y menos de España. Y me refiero a todos, a los que gobiernan y a los que esperan gobernar, a viejos y nuevos partidos. Ninguno tiene las agallas de adecuar el lenguaje a la realidad. Los grandes y viejos sopesan riesgos, se encaman y acaban por pactar siempre con los enemigos del bien común. Si alguien no lo sabe a estas alturas, se lo traduzco: al bien común se le llama Estado. Los nuevos de izquierdas quieren enterrar a sus padres e inaugurar la historia; los de centro ya empiezan a limar el lenguaje para ensanchar el campo electoral y facilitar futuras coaliciones de poder. Quizás los únicos que llevan en su programa la radicalidad y la actitud necesaria en su carácter político para hacerle frente al egoísmo reaccionario del chantaje nacionalista sean los de UPyD. Lástima que no sean tan cuidados en la democracia interna. Los únicos consecuentes contra la corrupción política, los únicos en exigir la devolución de la educación, la sanidad y todas las competencias de justicia al Estado, verdaderos pilares desde los que han expulsado a España de sus comunidades.
Mientras tanto, qué hace el PSOE. Un día una cosa y el siguiente otra. De momento, prometer federalismo a unos socios del PSC que están exigiendo asimetría entre territorios. O sea, el camino al Estado confederal, donde se legitime la desigualdad entre territorios. La contradicción ideológica es irritante. Por su condición socialista enarbolan la igualdad social individual y por su comprensión nacionalista exigen desigualdad territorial.
Ante el disparate, los ciudadanos hemos de ser exigentes. Quien proponga una reforma constitucional, que publique en detalle el articulado de su propuesta, por qué la propone y cuáles serán sus beneficios. En el caso del PSOE, unas columnas con las competencias y características del Estado autonómico actual y otras con las del Estado federal. A ver si le encuentra alguna.
Los ciudadanos tenemos derecho a saber en detalle cada cambio para formarnos un criterio a la hora de apoyarlo o combatirlo. Escamotear, torear o jugar con la buena fe de la gente es la peor forma de corrupción política.