Aunque la Constitución diga que todos somos iguales ante la ley, parecería que unos son más iguales que otros, que diría Orwell. Buen ejemplo de ello es el llamado caso Pujol: desde que el expresidente de la Generalidad reconociera, el 25 de julio de 2014, haber ocultado durante 34 años a la Hacienda Pública un dinero procedente, según sus afirmaciones, de su padre Florenci Pujol, se han acumulado numerosos y abrumadores indicios que señalan que podría haber cobrado cientos de millones en comisiones, que habrían ido a parar a paraísos fiscales. El inexplicable patrimonio de sus hijos le incrimina, así mismo, porque no hay justificación racional alguna de su manejo de cantidades millonarias en grandes negocios en México, Argentina y otros países, como tampoco se puede ignorar el testimonio de que el primogénito llevaba sacos de billetes a un banco de Andorra.
Esta es la hora, sin embargo, en la que la Justicia española apenas ha tomado alguna medida cautelar contra el matrimonio Pujol-Ferrusola ni contra ninguno de sus siete hijos, todos ellos imputados. Se dirá que la Justicia tiene que tomarse su tiempo y que las medidas de prisión preventiva son un recurso extraordinario, por cuanto todo el mundo es inocente hasta que no se demuestre lo contrario. Sin embargo, esto es lo que causa asombro: el tiempo que se está tomando la Justicia para pronunciarse sobre el clan Pujol, con lo rápido que ha dictado sentencia en muchos otros casos. Por otra parte, no mayor derecho a la presunción de inocencia tienen Pujol y sus hijos que Bárcenas o cualquier otro político que, a diferencia de aquellos, haya sido detenido y mandado una larga temporada a prisión preventiva, a la espera de sentencia.
Esta sensación de impunidad, o cuando menos de doble rasero, puede evaporarse tras la decisión del juez de la Audiencia Nacional José de la Mata de asumir la investigación que se realizaba en Barcelona contra la familia Pujol y citar como imputados al expresidente y a su esposa por un delito continuado de blanqueo de capitales. El magistrado afirma que el político nacionalista es titular real de los fondos existentes en la cuenta 63810 de la Banca Reig de Andorra, que fueron ingresados en efectivo y de los que dispuso hasta finales de 2010, con "idéntica intención de ocultación, utilizando a persona interpuesta y ocultando también su origen", patrimonio que no consta que justifique con los ingresos ordinarios que hubiere obtenido por razón del cargo público que ostentó durante 23 años, como presidente de la Generalitat. Además, en el auto se menciona que no consta la realidad del legado hereditario mencionado en el comunicado que hizo público en julio de 2014.
El tiempo dirá en qué quedan las 13 resoluciones dictadas por el magistrado, en las que dicta una batería de medidas y diligencias para el impulso y avance de la investigación. Pero lo que es un hecho es que Pujol mintió en el Parlamento catalán y luego comprometió su palabra al jurar que jamás había tenido ni un solo euro en cuentas opacas en el exterior.
¿Será verdad que el ex molt honorable va a dejar de ser intocable?