Las aparentes diferencias irreconciliables que han blandido PP y PSOE a lo largo de los últimos meses para justificar su mutua falta de apoyo en los fallidos procesos de investidura que han tenido lugar hasta la fecha han quedado desmontadas esta semana, tras descubrirse que ambas formaciones están de acuerdo en aprobar una serie de medidas económicas urgentes para sortear de algún modo la muy probable prórroga de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de cara a 2017.
Los dos están de acuerdo en asestar un nuevo sablazo fiscal a las empresas que facturen más de 20 millones de euros para recaudar unos 6.000 millones de euros extra al año a través del pago fraccionado del Impuesto de Sociedades. Asimismo, elevarán el objetivo de déficit autonómico previsto para este año y el próximo, permitiendo así a los gobiernos regionales un mayor margen de gasto y despilfarro, pese a incumplir de forma reiterada e intencionada los compromisos presupuestarios. Si a todo ello se le suma la intención de subir las pensiones y los sueldos públicos por la puerta de atrás, entre otras partidas, es evidente que lo que une hoy por hoy a populares y socialistas en materia económica y fiscal es mucho más de lo que les separa.
De hecho, basta observar la gestión llevada a cabo por Mariano Rajoy la pasada legislatura para comprobar que las diferencias son mínimas, cuando no inexistentes. PP y PSOE han aplicado históricas subidas de impuestos bajo el falaz argumento de que España tiene un problema de ingresos públicos y no de excesivo gasto; los recortes aplicados han sido escasos y claramente insuficientes, y sólo se han adoptado in extremis, cuando el país estaba al borde de la quiebra y no quedaba más remedio que hacer algo para evitar el desastre. Y lo mismo sucede con las famosas reformas, que si bien han sido positivas en algunos ámbitos, como el laboral, brillan por su ausencia y falta de intensidad a la hora de liberalizar realmente la economía. Como consecuencia, España sigue contando con un Estado del Bienestar ineficiente e insostenible, cuya carga lastra el crecimiento potencial del país, al tiempo que las rigideces impiden solventar el drama del paro.
El hecho de que Rajoy y Sánchez se hayan puesto de acuerdo con tanta facilidad en este nuevo paquete de medidas confirma la coincidencia programática que, en gran medida, presenta el bipartidismo. Así pues, es evidente que si el primero no apoyó al segundo en su intento de investidura no fue por el contenido del pacto alcanzado con Ciudadanos, especialmente en materia económica, tal y como entonces alegó Rajoy, al igual que el segundo no respaldó al primero haciendo uso de idénticas excusas. Si PP y PSOE no han llegado a un acuerdo para facilitar la gobernabilidad es, exclusivamente, por el egoísmo personal de sus máximos dirigentes. Lo que menos importa en esta particular pugna por el poder es el interés y bienestar de los españoles.
Además, esta negociación destapa la engañosa y falsa estrategia urdida por Moncloa, consistente en alarmar a la población acerca de las nefastas consecuencias de prorrogar los Presupuestos con el fin de obtener la abstención del PSOE en la investidura de Rajoy. Hace apenas dos semanas, la ley, según Soraya Sáenz de Santamaría, impedía actualizar las pensiones, el sueldo de los funcionarios o subir impuestos, abocando al país al costoso incumplimiento del objetivo de déficit negociado con Bruselas. Hoy, sin embargo, es factible lo que antes era imposible. Así pues, alguien miente: o bien la ley permitía aprobar dichas medidas y se ocultó, o bien lo impedía y ahora se retuerce la legislación con fines electoralistas de cara a la convocatoria de unos terceros comicios. En cualquier caso, el poder político sigue tratando a los españoles como a tontos a los que es posible, necesario y conveniente engañar, lo cual resulta lamentable.
En este sentido, conviene recordar que, según la doctrina constitucional, la prórroga de los Presupuestos sólo permite modificar partidas en caso de urgente necesidad mediante un real-decreto, y no parece que éste sea el caso. El plan económico financiero que pretende aprobarse por la puerta de atrás agrava, por tanto, el problema de inseguridad jurídica que padece España. Y, lo peor de todo, es que el contenido de dichas medidas pone de manifiesto, una vez más, que ningún partido está dispuesto a poner en marcha los profundos ajustes y reformas que sigue precisando España para salir de la crisis sobre sólidos y duraderos cimientos. PP, PSOE, Ciudadanos y Podemos, en mayor o menor grado, coinciden en la necesidad de aumentar el gasto y los impuestos, a pesar de que España registra el segundo mayor déficit de la zona euro, tan sólo superado por Grecia, mientras que la deuda pública supera el 100%, el mayor nivel desde principios del s. XX.
La negociación entre bambalinas de PP y PSOE destapa, pues, un triste juego de engaño político, decadencia ideológica y lastre económico.