Tras haber escrito tiempo atrás un artículo que llevaba por título "La versión de Rajoy del 9-N absolvería a Mas", no seré yo quien se sorprenda ante la noticia de que Artur Mas ha pedido que se cite al presidente del Gobierno como testigo en el juicio por la ilegal consulta secesionista del 9 de noviembre de 2014. Quien rehúye su obligación de hacer cumplir la ley está abocado a ocultar la existencia del delito tanto como el que lo perpetra. Y eso es prácticamente lo que vino a hacer el presidente del Gobierno en su tardía y bochornosa comparecencia ante los medios de comunicación tres días después de que se perpetrara lo que él aseguró que no se iba a perpetrar.
Lo peor es que el Gobierno de Rajoy, con Soraya a la cabeza, lejos de rectificar, incide en una temeraria política de mano tendida hacia los sediciosos y en la contraproducente insensatez de intentar contentar a los que no se van a contentar. Así, no es de extrañar que los separatistas vuelvan a perpetrar el año que viene una nueva consulta secesionista en Cataluña mientras la indolencia y estupidez que imperan en buena parte de la clase política y periodística española vuelve a quitar gravedad al asunto con recurrentes memeces tales como que la consulta "no tiene efectos jurídicos", o que ha sido un "butifarréndum", o que ha sido un "fracaso de participación", o cualquier cosa que sirva para ridiculizar aquello que no se ha logrado impedir.
El tiempo lo dirá, pero si los golpistas que rigen las instituciones autonómicas catalanas vuelven a perpetrar en Cataluña una nueva consulta secesionista el año que viene, el único fracaso que se habrá repetido en Cataluña no será el de los convocantes, tal y como ya pretende que creamos Sáenz de Santamaría, sino el del Gobierno de Rajoy a la hora de velar por que el imperio de la ley rija en esa parte de España. Seguro que ese fracaso de nuestro Estado de Derecho será ocultado por el Gobierno de la nación y con él la existencia del delito. ¿Qué mejor línea de defensa para el que lo ha perpetrado?