La intentona golpista de las autoridades nacionalistas catalanas va cumpliendo etapas a través de una política de hechos consumados, que tendrá en el nuevo referéndum separatista un hito fundamental. A pesar de que el Gobierno oponga a esta consulta los dictámenes y autos del Tribunal Constitucional y su resultado carezca de cualquier validez legal, lo cierto es que la mera celebración de un acto de estas características y los planes, ya muy avanzados, para proclamar la secesión abocan a España a una etapa de inestabilidad que socavará en gran medida -ya lo ha hecho- las propias estructuras del Estado.
En estas circunstancias, el Gobierno de España no puede caer en la frivolidad de hacer invitaciones a los que amenazan con destruir el orden constitucional. Por el contrario, es obligación fundamental del Ejecutivo acabar de raíz con esta operación política y castigar convenientemente a los culpables. Y sin embargo, una de las principales figuras del Gobierno, Soraya Sáez de Santamaría, ha hecho saltar por los aires el ya magro prestigio del Ejecutivo como garante de nuestro sistema democrático, al rogar al presidente catalán y cerebro -es un decir- de la intentona golpista a explicar sus planes en el Congreso de los Diputados.
Para mayor afrenta personal de la vicepresidenta, Puigdemont ha rechazado su invitación y, como era de esperar, ha elevado el tono de sus amenazas al asegurar que solo negociará la fecha del referéndum ilegal, dando por hecho que se celebrará. El nacionalismo catalán interpreta así -correctamente- las cesiones del Gobierno como un signo de debilidad y actúa en consecuencia, algo que era de esperar.
Pero es que ningún país serio invita a los delincuentes a impartir lecciones de ética política en los parlamentos. No hay noticia, tampoco, de que el órgano representativo de la soberanía de cualquier nación abra sus puertas y ceda su tribuna a aquellos que niegan la existencia de esa representatividad para proclamar la secesión. Solo Soraya Sáez de Santamaría, con el apoyo de Mariano Rajoy, se ha atrevido a poner la nación española a los pies de los separatistas, al invitar a su principal dirigente a una sesión extraordinaria del parlamento para que explique cómo piensa destruir la legalidad representada en esas mismas Cortes Generales.
La falta de escrúpulos de la vicepresidenta llega al extremo de poner en riesgo la propia supervivencia de nuestra nación, como está haciendo con decisiones como la reciente invitación cursada al presidente catalán. Semejante alarde de irresponsabilidad solo puede entenderse como un paso más en la carrera personal de Soraya Sáez de Santamaría para convertirse, en un futuro cada vez más próximo, en la máxima referencia -en realidad, la única- del Partido Popular.