Ha sido un mandato corto, pero no se recuerda mayor intensidad en la Fiscalía. El Gobierno esperaba que el paso de Manuel Moix por Anticorrupción sirviese para poner orden en un estamento al que había que meterle mano, pero en última instancia la operación de limpia en la Fiscalía deja un cadáver y graves daños colaterales.
Malherida termina la imagen del Ejecutivo, que fracasa en su intento de poner orden en Anticorrupción. Destrozada queda la apariencia de independencia de la Fiscalía. Y con los pies por delante sale Manuel Moix, que quiso hacer mucho en poco tiempo y que además pecó de una torpeza impropia de un experimentado fiscal de carrera.
Partamos de una premisa básica para entender el asunto. En esta España gritas "¡financiación irregular!" sobre un partido político y la gente te dice: "Bueno, y qué, si es más de lo mismo"; parece que todo el mundo lo tiene ya asumido. Sin embargo, gritas "¡Panamá!" y entonces cunde el pánico. Porque los políticos lo trasladan a la ciudadanía estableciendo un sencillo pero equivocado mecanismo mental que conecta Panamá con paraíso fiscal, evasión, dinero negro, blanqueo de capitales y, finalmente, corrupción.
Parece que hay que repetir cada día que tener una sociedad en Panamá no es ilegal. Y muchos olvidan (tal vez deliberadamente) que la ilegalidad sí existe, en cambio, cuando esa sociedad se ha utilizado para desviar un dinero de origen ilícito, para ocultarlo al Fisco, lavarlo y defraudar a Hacienda. Pero tener una sociedad en Panamá no significa necesariamente haber evadido o defraudado.
Es grave que un concepto tan sencillo no lo conozcan los políticos de la oposición que han pedido a gritos la dimisión de Moix. Pero es aún peor que estos políticos (que son legisladores en el Congreso) estén sesgando deliberadamente la realidad, dejándose el rigor en la gatera, para confundir a la opinión pública y sacar un puñado de votos.
Más de un diputado (y no pocos medios de comunicación) viven de y en la dictadura de la exageración, dibujando argumentos con trazo grueso sin ningún rigor.
El verdadero debate no es jurídico sino estético, y aquí Moix no tiene parapeto alguno. La cuestión de fondo era si podía ser fiscal jefe anticorrupción alguien que, teniendo una sociedad off shore, se dedica a investigar a los que, utilizando las mismas cuentas, sí defraudan a Hacienda y esconden dinero de dudosa procedencia.
No se le ocurre a nadie, en un país en el que se termina sabiendo todo, mantener una participación en una sociedad panameña que te puede traer problemas. Pero lo que no se le ocurre ni al que asó la manteca es ocultárselo a tu superior directo, el fiscal general del Estado, José Manuel Maza.
La conclusión es que la Justicia española está desprestigiada, por culpa de los políticos que se esmeran sistemáticamente en tener embridados a jueces y fiscales para ocultar sus asuntos turbios. Ellos son el origen del problema y tienen la culpa. Es verdad. Pero no debemos olvidar a los miembros de la Judicatura y la carrera fiscal que, olvidándose de toda imparcialidad, se arriman al poder político para subir en el escalafón. Ellos también son responsables.