España es un país donde la mera utilización de la única lengua común de todos los españoles puede acarrear a quien lo haga graves problemas y perjuicios, fruto de la proscripción intolerable de que es objeto en las comunidades que disponen de otra lengua propia. De ello son testigos las principales asociaciones cívicas en defensa de la libertad de la elección de lengua, que acaban de poner en marcha una campaña destinada a llevar al Congreso de los Diputados una iniciativa legislativa que tenga por fin la garantización del derecho constitucional a estudiar en español.
El objetivo principal de esta iniciativa es que en toda España haya itinerarios que permitan estudiar todas las asignaturas en español. Resulta delirante que haya regiones donde no se pueda estudiar en español. Además de una aberración pedagógica, representa por encima de todo una flagrante vulneración de los derechos individuales y un claro atentado a la Constitución. Porque no es el castellano el perseguido, sino el ciudadano que quiere utilizarlo con normalidad en territorios dominados por el nacionalismo.
Se ha confundido el legítimo derecho al uso de las lenguas regionales con la vulneración de los derechos lingüísticos de los castellanohablantes. Lo advirtieron hace casi cuatro décadas los firmantes del Manifiesto de los 2.300, cuando denunciaron los desmanes de unos nacionalistas que en cuanto tuvieron ocasión trataron al castellano como denunciaban que se comportaba el franquismo con las lenguas minoritarias.
Treinta y seis años después de aquella denuncia cívica –con altísimo coste personal para algunos de sus artífices–, la situación dista de haber mejorado. Al contrario: los males entonces denunciados se han agravado y extendido, como ponen de relieve los numerosos casos de discriminación y las normativas autonómicas que erradican el idioma común de los centros de enseñanza, de la Administración y de los medios públicos de comunicación.
Las asociaciones cívicas promotoras de esta iniciativa legislativa necesitan obtener 500.000 firmas para llevar al Parlamento su propuesta. Por los españoles que sufren esta discriminación, por el futuro de los niños castellanohablantes en regiones nacionalistas y para avergonzar públicamente al Gobierno y a los partidos que toleran o promueven esta infamia, es de desear que las consigan a la mayor brevedad.