Es cierto que Mariano Rajoy ha eludido dar cualquier tipo de explicación nueva sobre el caso Gürtel, y que ni siquiera se ha molestado en repetir los argumentos del pasado durante el pleno del Congreso de este miércoles, convocado exclusivamente para tratar la corrupción que afecta al Partido Popular. No es menos cierto, sin embargo, que tampoco los partidos de la oposición han dicho o han requerido nada nuevo que no sea la explotación política del hecho de que el presidente del Gobierno tuviera que comparecer recientemente ante los tribunales por este caso, a pesar de que lo hizo en condición de testigo.
Así las cosas, y teniendo también presente que tampoco ha habido novedad informativa alguna sobre este caso, cuyas primeras investigaciones se remontan a casi diez años, y del que ya se ha debatido en el Congreso en innumerables ocasiones, el debate de este miércoles se ha convertido, tal y como era previsible, en un nuevo y grotesco cruce de reproches, en el que cada representante político ha querido arrimar el ascua a su sardina hablando de asuntos diversos que en nada han contribuido al esclarecimiento de la trama Gürtel. Menos aun ha servido para impulsar reforma legislativa alguna dedicada a combatir las raíces de la corrupción, con independencia de que afecte a este u otro partido.
A estas alturas, y para exigir nuevas responsabilidades políticas por un asunto que, en buena medida, se remonta a hace veinte años, y por el que muchos cargos del PP ya han asumido responsabilidades políticas en forma de ceses o dimisiones, quienes tienen que tomar la palabra no son nuevamente los miembros del Congreso sino los tribunales. Es una vergüenza que la mayor parte del caso Gürtel aún no se haya sustanciado en una sentencia. Luis Bárcenas, por citar a uno de los implicados más conocidos, fue imputado en febrero de 2009 y a día de hoy todavía sigue en libertad provisional bajo fianza, a la espera de sentencia.
La lentitud de la Justicia es, junto a su politización, la falta de transparencia y discrecionalidad del intervencionismo público, una de las principales lacras de las que se nutre la corrupción. Pero nada de esto parece interesar a unos partidos que utilizan la corrupción para echarse los trastos a la cabeza y, en ocasiones, deshacerse de forma artera de sus adversarios, internos o externos.
No le falta razón a Mariano Rajoy cuando se queja de que, con la que está cayendo, el Congreso se dedique a este asunto. Sin embargo, no tiene el presidente del Gobierno legitimidad para poner como ejemplo el, ciertamente, gravísimo desafío institucional y legal que están planteando los separatistas en Cataluña, cuando tampoco él ha tenido la iniciativa de llevarlo al Pleno del Congreso y ni siquiera ha comparecido públicamente –tampoco ninguno de sus ministros– al conocerse el contenido de la aberrante Ley de Transitoriedad Jurídica y Fundacional de la República Catalana, que los golpistas quieren aprobar antes de su nueva y no menos ilegal consulta secesionista del 1-O.
El presidente del Gobierno ha salido indemne se este debate perfectamente innecesario. No puede decirse lo mismo de las fuerzas del cambio, que han vuelto a demostrar la pésima estima en que tienen a las instituciones que pretenden regenerar.