En los últimos meses, se ha acentuado el clima caótico con declaraciones en Cataluña en las que se afirma que allí no se cumplirán determinadas leyes y determinadas sentencias. Acaso se olvide que la Constitución facilita la intervención del Gobierno central en el caso de incumplimiento de las normas constitucionales (art. 155 CE). Una de ellas es precisamente el cumplimiento de las sentencias (art. 118 CE), además del debido respeto a la ley (art. 10 CE). Al reto de los representantes de la Comunidad catalana no se está respondiendo, como debería hacerse, por las autoridades centrales del Estado. Primero, replicar con argumentos (que los hay) y luego recordar que en la Constitución figura el artículo 155. Nos encontramos ante una impasibilidad nefasta. El confusionismo aumenta.
Quien le diría al ya desaparecido presidente del Tribunal Constitucional Manuel Jiménez de Parga que, consumados hace tiempo todos los delitos de desobediencia a los que apuntaba su escrito, publicado en octubre de 2013, y a la espera de que se perpetren otros nuevos, no sólo no se ha intervenido la Administración autonómica en rebeldía, sino que el presidente del Gobierno ni siquiera se atreve todavía a mentar el artículo 155 de nuestra Constitución como forma de restablecer en Cataluña un orden constitucional que no ha querido o no se ha atrevido a preservar.
La solemnidad y la firmeza transmitidas este jueves por el presidente del Gobierno ante la enésima vulneración de nuestro ordenamiento jurídico por parte de los separatistas hubiera sido un compromiso a favor del orden constitucional digno de aplauso si hubiera sido pronunciado en 2012, el día en el que el presidente de la Generalidad amenazó públicamente al presidente del Gobierno con poner en marcha un ilegal proceso de ruptura si no obtenía un inasumible, privilegiado y mal llamado "pacto fiscal". Sin embargo, que Rajoy haga este compromiso en aras del principio de legalidad, tras no habernos evitado cinco años de ininterrumpidos delitos de desobediencia, de prevaricación y de malversación de fondos públicos al servicio de ilegales estructuras de Estado y no menos ilegales consultas secesionistas, parece un chiste de mal gusto.
Aunque creo posible –y nada me gustaría más– que sea el presidente del Gobierno el que, esta vez, cumpla su palabra de impedir una nueva consulta secesionista, lo que quiero decir es que no se puede preservar el orden constitucional en Cataluña sin previamente restablecerlo. Y que la quiebra de nuestro ordenamiento jurídico que allí se sufre desde hace años no es responsabilidad de un inexistente Estado soberano catalán en forma de República, sino de la inobservancia y abandono de las fronteras más preciosas que debe preservar nuestra nación, y que son las que la configuran como Estado de Derecho.
La persistente quiebra de nuestro ordenamiento jurídico, como el mismo proceso secesionista catalán, van mucho más allá que la ilegal consulta perpetrada el 9 de noviembre de 2014 o la que los golpistas pudieran volver a perpetrar el próximo 1 de octubre. Estas consultas, por su imposible ocultación, tienen la virtud de hacernos ver por unos días una realidad, como es la quiebra del orden constitucional en Cataluña, que quienes no cumplen su obligación de hacer cumplir la ley tratan de ocultar el resto del tiempo. Son, sin duda, delictivas, pero en ellas ni empieza ni acaba la quiebra de nuestra nación entendida como Estado de Derecho.
Mucho me temo, por todo ello, que la España constitucional, que parece despertar estos días pero que sigue permitiendo que los golpistas sigan ostentando la máxima representación del Estado en Cataluña, vuelva a dormirse tras el 1 de octubre, con absoluta independencia de que haya –o no– evitado la nueva ilegalidad que constituye la consulta.