La legalidad constitucional todavía no ha sido restablecida en Cataluña y el Gobierno de Rajoy ya se dispone, nuevamente, a ofrecer un premio de consolación a los separatistas. Así se podría resumir tanto la bochornosa indolencia del Ejecutivo del PP ante la impune y salvaje huelga perpetrada por los sindicatos secesionistas este miércoles en Cataluña como su no menos repugnante oferta de reforma constitucional a los nacionalistas –esta vez por boca del ministro de Exteriores, Alfonso Dastis– para "poder acomodar mejor sus aspiraciones".
Aunque haya tenido un mínimo respaldo social y un reducido seguimiento en la mayoría de los centros de trabajo, lo cierto es que la huelga general perpetrada por el sindicato que dirige el exterrorista Carles Sastre ha logrado, con el apoyo de los infames Comités de Defensa de la República (CDR) y de las movilizaciones en defensa de los golpistas encarcelados convocadas por la ANC y Òmnium Cultural, sembrar el caos en buena parte de Cataluña. Casi todas las vías ferroviarias y más de 50 carreteras han sido cortadas. Barcelona ha quedado aislada. Decenas de miles de personas se vieron atrapadas en sus vehículos. En la Diagonal de Barcelona, los CDR cortaron el tráfico ya a las seis de la mañana. La enseñanza también se ha visto afectada, toda vez que el sindicato mayoritario entre los docentes, Ustec, es separatista y apoyó el paro.
Que un grupo tan radical y minoritario haya sido capaz de causar tantos trastornos e incomodidades a tantos ciudadanos catalanes se debe, sin duda, a la ominosa pasividad de los Mossos d’Esquadra, que se supone están a las órdenes del Gobierno de la Nación desde la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Lo más lamentable, sin embargo, es que esa pasividad policial ante tanta ilegalidad ha sido fiel reflejo de la indolencia del Ejecutivo de Rajoy, que ha considerado –al decir del ministro del Interior– que los hechos acontecidos no constituían "motivo de alarma".
Por lo visto, todos estos atentados a la libertad de movimientos de los catalanes, en los que se han llegado a utilizar niños muy pequeños en cortes de carreteras, no constituyen para el ministro Zoido ni "incidentes graves" ni "incidencias importantes"; inadmisible insensibilidad y desidia que se suma a las ya mostradas por el Gobierno ante la independencia de facto que la Cataluña separatista sigue gozando en el ámbito de la educación y en el de los medios de comunicación.
Parecería que la única incomodidad que preocupa al Ejecutivo, así como al PSOE de Pedro Sánchez, es la que sienten los nacionalistas catalanes ante la Constitución. Buen ejemplo de ello es la nueva oferta de reforma que Dastis, para regocijo nacionalista, ha hecho en la BBC.
No es la primera vez que un miembro del Gobierno –para colmo, el ministro de Exteriores– intenta contentar a los sediciosos con una reforma de la Carta Magna. Recuérdese a este respecto la oferta del infausto ministro Margallo destinada a "encajar el hecho catalán en la realidad hispánica". Eso, por no hablar de la del actual ministro de Justicia, Rafael Catalá, destinada a "reconocer la singularidad catalana". Incluso después de perpetrar los golpistas su segunda consulta secesionista, el pasado 1 de octubre, el Gobierno, por medio del ministro Luis de Guindos, acompañó esa oferta de reforma constitucional con una no menos repulsiva oferta de pacto fiscal.
Que el Gobierno del PP incida nuevamente en el error de ofrecer nueces a quienes no paran de sacudir el árbol resulta una vergüenza que no deja de serlo por el hecho de que el ministro Dastis añada que esa "reforma constitucional" debería ser votada "por todos los españoles".
Si hay alguna reforma necesaria y sensata que hacer de la Constitución sería para erradicar las muchas concesiones que en ella se hicieron a los nacionalistas. Esas concesiones –como la de denominar nacionalidad a lo que no es otra cosa que una región o comunidad autónoma, por no hablar de la transferencias en educación–, lejos de contentar y acomodar a los nacionalistas han servido de palanca para sus proyectos de ruptura.
Con todo, lo prioritario ahora es que se cumpla y se haga cumplir la Constitución en todo el territorio nacional; cosa que, como se ha vuelto a ver este miércoles, está muy lejos de haberse alcanzado en Cataluña.