"La Generalidad no ha gastado ni un euro público en el referéndum" (Cristóbal Montoro, 31 de agosto de 2017).
Quizá no haya habido nunca en España un economista metido a político que haya defraudado tanto a sus votantes como él. Lo que es un hecho es que, bajo el mandato de Cristóbal Montoro, la deuda pública ha superado con creces cotas jamás alcanzadas bajo ningún otro ministro de Hacienda, a pesar de ser él quien más ha incrementado, en menos tiempo, la presión fiscal. Tampoco tengo constancia de que haya un ministro que haya burlado tanto una legislación aprobada por su propio partido (Ley de Estabilidad Presupuestaria) y sus propios objetivos de reducción del déficit. Él es, sin duda, el máximo responsable –obviamente, junto con Rajoy– del retraso y, en el fondo, de la fragilidad de una recuperación económica favorecida por la tímida pero positiva reforma laboral, por la rebaja artificial de los tipos de interés, pero retardada y debilitada por la insaciable voracidad fiscal de este irreconocible Partido Popular de Mariano Rajoy, que tiene en el ámbito económico a Montoro como máximo exponente.
Con todo, si hay un motivo suficiente por sí solo para pedir la destitución de Montoro ha sido su papel de financiador –indirecto, involuntario pero absolutamente decisivo– del ilegal proceso secesionista iniciado en Cataluña en 2012. Desde entonces, algunos venimos denunciado cómo un proceso de ruptura como el planteado por Mas no sólo era radicalmente ilegal sino absolutamente inabordable sin el auxilio financiero del Estado, dada la ingente cantidad de recursos públicos que requería, en forma de empresas, fundaciones, chiringuitos, propaganda de medios de comunicación públicos; por no hablar de las ilegales estructuras de Estado erigidas y la adulteración –esta de muy larga tradición– de competencias constitucionalmente encomendadas, como la educación, que también constituye –aunque nadie lo quiera ver– una no menos grave malversación de fondos públicos.
Por mucho que las autonomías españolas estén entre las Administraciones regionales que más porcentaje del dinero del contribuyente se quedan de todos los países de la OCDE, era evidente que la Generalidad de Cataluña no habría podido, sin el auxilio del Fondo de Liquidez Autonómico, sufragar los bienes y servicios que tiene legalmente encomendados y, al tiempo, los de este proceso delictivo, que, a diferencia de un puntual y clásico golpe de Estado, ha requerido de manera constante de enormes cantidades de dinero público.
Desgraciadamente, sin embargo, la clase política, judicial y periodística española, que es en el fondo la gran responsable de nuestra crisis nacional, sólo ha tenido ojos –y eso cuando los ha querido tener– para la malversación de fondos públicos que ha conllevado las celebraciones de las ilegales consultas secesionistas perpetradas el 9 de noviembre de 2014 y el pasado 1 de octubre. Pero es, sin duda, Cristobal Montoro, como ministro de Hacienda, el máximo responsable in vigilando de la financiación pública de este proceso golpista, en general, y de la consulta secesionista del 1-O, muy en particular.
El hecho de que la Administración golpista de Puigdemont ya tuviera impreso y abonado buena parte del material electoral antes de la convocatoria oficial del 1-O, tal y como publica este lunes El Mundo basándose en los informes de la Polícia Judicial, no nos debe hacer olvidar que el Gobierno de Puigdemont llegó a incluir en los Presupuestos de 2017 una partida destinada a un ilegal referendum como el que ya a finales de 2016 tenía públicamente previsto celebrar en otoño de este año. Con todo, el ministro de Hacienda tuvo la desvergüenza de asegurar, a un escaso mes del 1-O: "La Generalidad no ha dedicado ni un euro público a la celebración del referéndum".
El hecho de que, finalmente, el material de esa ilegal consulta se sufragara mediante "negocios jurídicos simulados" no borra la responsabilidad política de Montoro durante los años en los que supuestamente fiscalizó los gastos de la Administración en rebeldía y, menos aún, durante el tiempo en que se hizo cargo directo de la misma. Ningún secretismo ni ocultos tejemanejes de Puigdemont y su tropa son excusa para la pasividad del Gobierno del PP y de su responsable de Hacienda ante noticias tales como "El Parlament condiciona ayudas a los medios a la publicidad del 1-O" o "El Gobierno catalán inicia la compra directa de urnas para el referéndum del 1-O".
Y es que si la responsabilidad in vigilando del Gobierno de Rajoy ha sido la propia de un incompetente, la responsabilidad derivada del momento de elegir la suspensión de la Administración en rebeldía en aplicación del artículo 155 de la Constitución –una vez que los golpistas ya habían consumado todos los delitos que, con tanta antelación, nos habían anunciado– es la propia de un cobarde que se ve arrastrado por los acontecimientos. Claro que más surrealista aun que la tardanza en la aplicación del 155 ha sido su objetivo de destinarla únicamente a la celebración de unas elecciones como las que tendrán lugar pasado mañana. Vamos, como si la falta de elecciones en Cataluña hubiera sido la causa de su ruina y de su adulterada democracia, así como la de la crisis nacional que padecemos todos los españoles.