Muchos nos acordamos de la tan unánime como escandalosa negativa de la clase política española a evitar el 9-N o el 1-O mediante la suspensión de la Administración golpista, como nos acordamos de su no menos bochornosa y compartida oposición a condicionar el auxilio financiero a la Autonomía en rebeldía al compromiso público y verificable de sus sediciosos mandatarios de poner fin al proceso secesionista emprendido abiertamente en 2012.
Aún recuerdo la excusa rajoyesca que daba Albert Rivera para no cortar el grifo a los golpistas, insuperable ejemplo de memez política: hablaba de "no tomar a los catalanes como rehenes políticos". O cuando aconsejaba a Rajoy que no aplicase el 155, cosa que el presidente del Gobierno rehuía tanto o más que él. Tampoco niego al dirigente de Ciudadanos el copyright del disparate, una vez perpetrado el 1-O, de suspender la autonomía para convocar inmediatas elecciones, por mucho que el máximo responsable del esperpento fuese Rajoy como presidente del Gobierno.
Ahora bien, no por oportunista me deja de parecer oportuno que Ciudadanos pida, por fin, explicaciones al Gobierno sobre la financiación del FLA al golpe de Estado; un golpe de Estado en forma de proceso que en ningún momento ha sido sufragado de sus bolsillos por los separatistas y que, desde 2012, constituye, con gran diferencia, el más grave, silenciado y continuado delito de malversación de fondos públicos de la historia de nuestro país.
Tampoco por oportunista me deja de parecer oportuno que Ciudadanos haya cambiado de opinión y pase ahora a respaldar la llamada "prisión permanente revisable" para todos esos gravísimos delitos para los que está contemplada. Rectificar es de sabios, sobre todo cuando se reconoce el error del pasado.
Por eso mismo, y aun a riesgo de que le tilden de oportunista, animaría a Ciudadanos a hacer muchas otras oportunísimas rectificaciones, como las destinadas a acabar con su lamentable renuencia a combatir el gasto, el déficit y el endeudamiento públicos; o a rectificar su bochornoso respaldo a la Ley de Memoria Histórica y su comisión de la verdad; o la Ley de Violencia de Género, o su negativa a que el Estado central recupere las competencias exclusivas en educación, o su respaldo a un insostenible modelo autonómico que hace de nuestras voraces Administraciones regionales unas de las mejor dotadas, en términos relativos, de toda la OCDE. Nada más oportuno, en definitiva, que Ciudadanos se desmarcase y pasara a combatir las incontables traiciones que el PP de Rajoy ha perpetrado contra sus principios.
En caso contrario, ¡ay, pobre derecha liberal de este país: además de huérfana, te quieren ciega!