La juez Mercedes Alaya ha concedido una entrevista al diario ABC en la que denuncia las presiones que recibió mientras instruía algunos de los más graves casos de corrupción de la democracia, todos los cuales afectaban al PSOE andaluz.
Como titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Alaya investigó los ERE fraudulentos y sus numerosas ramificaciones, entramado corrupto verdaderamente abracadabrante. Al robo sistemático de los fondos destinados a los afectados por las regulaciones de empleo durante la crisis se sumaron la enorme bolsa de corrupción de los cursos de formación –con participación destacada de UGT y CCOO– y la de los casos Mercasevilla y Avales, en el que aparecen implicadas autoridades de la Junta y numerosas empresas receptoras de ayudas públicas irregulares.
Alaya fue apartada de estas macrocausas porque abusaron de su buena voluntad y porque PP y PSOE pergeñaron un subterfugio para ello en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), acusa la juez. Su nueva plaza en la Audiencia de Sevilla debía quedar en suspenso hasta que finalizara la instrucción de los casos de corrupción del socialismo andaluz, pero una decisión del órgano de los jueces en contra de lo acordado la obligó a abandonar unos casos a los que había dedicado años de investigaciones.
Antes de eliminarla definitivamente de la instrucción, Alaya sufrió continuas presiones por parte de ambos partidos, pero muy especialmente por parte de señalados dirigentes socialistas, que llegaron a difundir rumores y calumnias de índole personal. En cuanto al PP, tampoco se ha distinguido en la defensa de la imparcialidad de la Justicia y la necesaria independencia de jueces y magistrados. Lejos de ello, los populares se aliaron con los socialistas en el CGPJ, convertido en un corrillo de intercambio de favores, para desbancar a Alaya y separarla de un cometido ejercido durante años con eficacia y ejemplaridad.
La denuncia de esta juez vuelve a poner de manifiesto la tremenda politización del sistema judicial. El caso de Alaya no es el único, pero tal vez sí el más grave por las consecuencias políticas de unos procesos de corrupción que el PSOE, con la inestimable ayuda del PP, está tratando por todos los medios de dinamitar.