Diez años, eso es lo que le ha costado a la economía española remontar el vuelo para empezar a salir de la mayor crisis registrada en las últimas décadas. Sin embargo, apenas puede tardar meses en volver a caer en el fango. El PIB sigue creciendo a un ritmo del 3% interanual, mientras que la creación de empleo se mantiene en cerca de 500.000 nuevos puestos de trabajo al año, pero esta positiva senda podría truncarse a poco que la política económica gire hacia un mayor intervencionismo y una presión fiscal aún más elevada.
Los logros alcanzados por el PP en esta materia apenas se resumen en la aprobación de la reforma laboral y en una modificación del sistema de pensiones que, sin embargo, acaba de quedar en suspenso tras la aprobación inicial de los Presupuestos Generales del Estado. Y poco más, ya que la tan cacareada reducción del déficit no se ha conseguido a base de recortes de gasto ni adelgazamiento del aparato estatal, sino mediante fuertes subidas fiscales y cuatro años de crecimiento económico. Es el esfuerzo y el sacrificio de las familias y empresas españolas lo que está permitiendo al país salir adelante, no las políticas lideradas por el expresidente Rajoy, cuyas facilidades han sido más bien escasas.
El problema, por tanto, es que el nuevo Ejecutivo del PSOE, con el apoyo de Podemos y separatistas, trunque una recuperación económica ya de por sí frágil. No haría falta mucho para que sucediera. Para empezar, si bien Sánchez se ha comprometido a gobernar con los Presupuestos del PP, sus aliados ya han presentado varios vetos con el fin de elevar ciertas partidas de gasto. Igualmente, lo primero que ha hecho Podemos ha sido exigir a Sánchez una serie de compromisos inasumibles desde el punto de vista financiero para seguir prestándole el apoyo del que, hoy por hoy, tanto depende para mantenerse en el poder.
Si con la cuentas aprobadas por el PP, España ya corría el riesgo de incumplir el objetivo de déficit del 2,2% del PIB marcado para este año, semejante despilfarro de dinero público amenaza con disparar el agujero fiscal, lo cual no solo sería una pésima noticia para la solvencia del Estado, sino para el bolsillo de los contribuyentes. En este sentido, cabe recordar que el PSOE defiende elevar la presión fiscal en cerca de 40.000 millones de euros a medio plazo. Lo último que necesita la economía española en estos momentos es una nueva oleada de subidas fiscales, puesto que lastraría el consumo, el ahorro y la inversión del sector privado.
Además, toda esta amalgama de fuerzas comparte la necesidad de derogar la reforma laboral, artífice de la creación de empleo durante estos últimos años. Una mayor rigidez en este ámbito tan solo se traducirá en menor creación de empleo, en el mejor de los casos, y un nuevo aumento del paro, en el peor. Por si fuera poco, Sánchez y sus aliados también coinciden en reformar las pensiones públicas, pero a peor, lo cual se traducirá en mucho más gasto e impuestos, haciendo insostenible el actual sistema de reparto.
Y todo ello sin contar las posibles turbulencias financieras derivadas de la crisis política en Italia, la amenaza proteccionista de Trump o el encarecimiento del petróleo. La combinación de más intervencionismo público y un fuerte aumento de gasto e impuestos es una receta segura para lastrar la recuperación y, en última instancia, regresar de nuevo a la crisis.