Se dirá que cada uno da importancia a lo que quiere, lo cual no deja, de ser del todo cierto. Aunque, yo precisaría que no se trata de dar o no importancia a un acto, porque me dé la gana, sino que, seguramente, depende de mi sensibilidad hacia las actitudes propias y de los demás.
Hay quien no concede la mínima importancia, incluso considera que no se deben hacer comentarios, al hecho de que la población de un país esté pasando hambre, porque su gobierno está en otras cosas, quizá, en nutrir sus cuentas opacas en un paraíso fiscal.
Personalmente, he tenido una larga vida, que agradezco a Dios, dedicado a la función pública, es decir, eso que llamamos, con un cierto desprecio, funcionario público – que hubiera convenido llamarle, como en el Reino Unido, servidor público – en la actividad educativa.
Con esto que digo, estoy tratando de justificar mi especial sensibilidad por lo que supone tener una misión, siempre social, y cumplir con ella como se supone que tiene que ser cumplida; es decir, con dedicación y compromiso con el trabajo bien hecho.
En la década de los ochenta, en la que me encuentro, sigo observando con el máximo interés los parámetros de la función pública, y ponderando al máximo a aquellos que hoy son lo que yo fui hace ya más de dos lustros y que sienten la más alta exigencia para su buen trabajo.
Por todo esto es por lo que me exacerba haber leído la noticia, que ojalá no sea cierta, de que alguien, de entre los más altos cargos del gobierno, ha encargado a funcionarios o empleados públicos, que trabajen para nutrir, argumentalmente, al PSOE en la campaña electoral contra el PP y Cs.
Que el Gobierno/PSOE no tiene luces para hacerlo, como se supone que tendría que hacer, lo tengo muy claro, pero encargar a la función pública que resuelva tus carencias, me parece una desfachatez que, sólo en un país en el que escasee la vergüenza, puede ser tolerada.
Yo, simple español, y aún siendo consciente de que la Fiscalía del Estado está muy sobrecargada, me sentiría muy aliviado si investigase el caso, por si pudiera albergar un delito de malversación de caudales público.
De España espero mucho, al menos de la parte más honesta, y no encuentro mucha diferencia en que llamemos, con razón, malversación cuando de un presupuesto público se distraen fondos asignados a una partida – sanidad, educación… – para aplicarlos a partidas poco confesables, y no demos el mismo trato a horas de trabajo – asignadas a sanidad, educación… – para que se dediquen a contarme qué puedo decir que destroce a mi contrincante.
¿Estaremos quizás ante el artículo 433 bis en relación con el 432 del Código Penal? No lo sé, por eso desearía que me lo dijera el Ministerio Público. Lo que sí tengo claro es que, cuanto antes, hay que enseñar a que todo no vale; que el fin no justifica los medios.