Atribuir a error el marasmo de incoherencias en las leyes aprobadas por el Congreso de los Diputados durante las legislaturas presididas por Pedro Sánchez, es una forma de mirar para otro lado, evitando preguntas engorrosas; nadie es responsable del presunto error, y nadie admite su incompetencia.
La frecuencia de estos errores, signo de ignorancia, sugiere una pregunta: ¿Por qué no asegurar, en pruebas ad hoc, que los candidatos a Diputados, que podrán ser elegidos, desempeñarán su función con suficiencia y plena solvencia? Si lo que se llama error, no es otra cosa que incompetencia, no para leer, pues quiero creer que todos pueden más o menos hacerlo, sino para comprender lo leído, no suponiendo que el texto significa una cosa – la publicitada –, cuando realmente significa otra.
Francamente, me cuesta mucho aceptar la explicación de ministros del gobierno, o del propio presidente, atribuyendo al error la falta de adecuación de una Ley, recientemente aprobada, para regular, siguiendo las pretensiones del proponente o proponentes, constatando que, sus efectos, contrarían los objetivos pretendidos por quienes la promovieron. Aunque, el texto aprobado, aprobado está.
¿Puede aceptarse, responsablemente, la existencia de un error simultáneo en el tiempo, y coincidente en lo sustantivo, de al menos 176 Diputados que, con su aprobación, se conformará una Ley Orgánica o, con mayoría simple, una Ley de rango ordinario? Por la gravedad del asunto, me permito apelar al buen juicio, para dejar de usar la Cámara legislativa, como un gabinete de ensayo lingüístico, para la contienda política.
Me permito recordar, algunos polémicos textos que provocaron alboroto, porque decir lo que no se pretendía que dijeran. El último, recientemente entrado en vigor, es el de la Ley Orgánica de Representación Paritaria y Presencia Equilibrada de Mujeres y Hombres – más que un título parece una Exposición de Motivos –, sabiamente abreviada por el pueblo, como Ley de Paridad –.
Anterior a esta Ley Orgánica, guardamos en nuestras mentes, aquella Ley que se hizo popular, por lo afortunado del apelativo, Ley del Sólo Sí es Sí. ¿Se acuerdan? No tengo dudas en que la respuesta será afirmativa. También tuvo sus problemas la conocida, en lenguaje de la calle, como Ley Trans. Todas ellas tuvieron efectos indeseados, o sea que, todas, eran víctimas de lo que el gobierno califica como error.
¿Qué decir de la Ley de Amnistía, amnistiando a los que se pretendía que cumplieran íntegramente sus penas – fuerzas armadas que participaron contra los desórdenes o terrorismo del Procés – y, contrariamente, excluyendo a los que se pretendía beneficiar?
Una ley, Constitucional o no, ya se verá, que sirvió para que miembros del Congreso se permitieran acusar de prevaricación a los jueces, arrogándose la titularidad de una soberanía nacional que no les corresponde. La Constitución de 1978, en su artículo 1-2, establece claramente que: "La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado".
Así que, soberano, el Congreso de los Diputados ¡no!; son representantes del pueblo, en ocasiones fraudulentos, cuando sus votos en el Congreso contradicen el programa para el que fueron elegidos.