El desamparo de los catalanes constitucionalistas

Nada ilustra de forma más elocuente –y desde hace tanto tiempo– la independencia de facto que los nacionalistas han impuesto en Cataluña que el cercenamiento del derecho a estudiar en español en aquella parte de España. Pero esa aberrante violación de uno de los derechos más elementales no es la única muestra del desamparo de los catalanes no nacionalistas por parte del Estado español, del que teóricamente forman parte. Así, multitud de profesores y estudiantes catalanes se han visto obligados a sublevarse contra el movimiento separatista que, teledirigido por los mismos gobernantes regionales que lideran el golpe de Estado, bloquea desde hace días los accesos a campus y facultades de universidades catalanas como la Pompeu Fabra, la Politécnica de Cataluña o la Autónoma de Barcelona.

Si la complicidad de algunos rectores y de las golpistas autoridades educativas es manifiesta, aún más detestable es la ceguera voluntaria del Gobierno central ante esta nueva manifestación de la quiebra del orden constitucional en Cataluña. Buen ejemplo de ello es su silencio y desidia ante estos hechos y ante la carta en que 800 profesores demandan a los rectores de las seis universidades públicas catalanas que retiren los manifiestos casi "idénticos" que han pergeñado contra la sentencia del Tribunal Supremo sobre el procés, en los que abogan por el mal llamado "derecho de autodeterminación y la libertad de los "presos políticos" y condenan "la represión y violencia policial". La única declaración del Gobierno de Pedro Sánchez a propósito de esa carta y de lo que se denuncia en ella ha sido la del ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, quien se ha despachado con un estupefaciente "No me meto porque opinar es libre" (sic). O sea, que el ministro Duque utilizar unos centros sufragados por el contribuyente para respaldar el golpe de Estado, enaltecer a los golpistas presos llamándolos "presos políticos" y arremeter contra las fuerzas del orden forma parte de la libertad de expresión.

No menos denunciable es la desidia del Gobierno que deja a los más de 14.000 agentes de los Mozos de Escuadra a las órdenes de Torra y su banda de golpistas. Habrá, ciertamente, muchos mozos que compartan los objetivos secesionistas de sus mandos políticos, pero ¿qué cabe esperar del resto en lo relacionado con la protección del orden constitucional en Cataluña, cuando dependen por entero de las autoridades regionales que comandan el golpe? ¿Se les va a pedir que se subleven contra sus mandos políticos como se pide a profesores y rectores que se subleven contra las autoridades educativas que animan las protestas en defensa del procés? ¿Cómo pedir a los mozos lealtad al orden constitucional, si es el Gobierno central con su indigna renuencia a aplicar el artículo 155 de la Constitución en Cataluña el que los deja a las órdenes de los golpistas? Más aun cuando ven cómo el Gobierno del infame Torra acaba de abrir una investigación contra 15 de ellos para ver "si existieron irregularidades" durante las cargas policiales contra los CDR en los disturbios por la sentencia del Supremo por el 1-O.

Este desamparo, que también sufrieron los directores de colegio con ocasión de los ilegales referéndums del 1-O y el 9-N, y que tan claramente denunció en su día Dolores Agenjo ("Temíamos más al Departament que al Gobierno español"), es prueba de que la mayor y más grave irregularidad es la que perpetra el Gobierno central al dejar la educación, la seguridad, la televisión pública y todas las competencias que el Estado ha transferido a las autonomías en manos de unos golpistas que de forma pública tratan de poner fin a la unidad de la Nación y al Estado de Derecho. Y lo peor es que en ciertos aspectos ya lo han conseguido, por mucho que Cataluña no sea una república y siga teóricamente formando parte del Reino de España.