Los ataques furibundos de Pablo Iglesias a los periodistas y medios que han desmontado sus trapacerías judiciales son la mejor prueba de que el caso Dina, que los podemarras explotaron electoralmente presentándose como víctimas de las "cloacas del Estado", es en realidad el caso Iglesias.
Los insultos y amenazas del capo comunista a los medios que no les ríen las gracias a él y a su partido chavista, es decir profundamente liberticida, son un ataque inaudito del Gobierno a la libertad de información, derecho reconocido en el artículo 20 de la Constitución. Como si fuera el difunto criminal Hugo Chávez Frías, Iglesias Turrión ha despotricado contra la prensa y amenazado a periodistas independientes en el curso de una entrevista. El vicepresidente de Sánchez ya actúa como si España fuera Venezuela.
El silencio de Sánchez es una clara demostración de que el presidente del Gobierno está del lado de los indeseables chequistas que lo mantienen en el poder, aun a costa de degradar el régimen democrático y convertir España en una nueva república bolivariana.
Iglesias tendría que haber sido destituido en cuanto se descubrieron sus mentiras, repetidas con total desparpajo en sede judicial, porque un personaje como él jamás va a abandonar voluntariamente el poder.
A la constatación de sus mentiras y de los oscuros manejos de sus abogados con los fiscales del caso (eso sí es una cloaca) hay que sumar ahora las amenazas contra la libertad de prensa que, viniendo de alguien criado a los pechos liberticidas del chavismo, no es mera retórica sino un aviso muy serio que habrá que tener en cuenta.