La generalización del uso de las redes sociales y de las aplicaciones móviles de mensajería ha facilitado la comunicación entre personas, con independencia de que se encuentren separadas por unos cientos de metros o por decenas de miles de kilómetros. Pero también han permitido el diseño campañas de agitación de masas o de manipulación de la opinión pública de una forma mucho más sencilla y eficiente.
Estos sistemas han simplificado las formas en las que los países pueden desestabilizar a otro estado para obtener un beneficio de una forma más o menos tangible. Y también ha abaratado los costes de una forma importante. Con unos cientos de miles de euros se puede conseguir los mismos resultados que hace décadas habrían costado una auténtica barbaridad. Es por ello que las campañas de desinformación se han convertido en algo habitual en los últimos años.
Varios estudios han confirmado este tipo de campañas, diseñadas por potencias extranjeras, con Rusia en el horizonte, en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2016, en el referéndum del Brexit en Reino Unido ese mismo año, en las presidenciales francesas de 2017 o con motivo del referéndum ilegal del 1-0 en Cataluña. Y es por ello que la UE ha montado un equipo de trabajo para detectar las amenazas de este tipo contra los países miembros.
El Departamento de Seguridad Nacional empezó a trabajar en la detección de estas campañas en nuestro país en cuanto se detectaron las primeras a nivel internacional. El Gobierno del PP intentó crear un marco legal adecuado para que pudiesen investigar y combatir de la mejor forma posible. La oposición, con PSOE y Podemos, se les echó encima argumentando que estaban creando un Ministerio de la Verdad. Y ese marco nunca se llegó a aprobar.
En el último año han vuelto a ponerse a trabajar en ese marco legal, que ha sido publicado esta semana en el Boletín Oficial del Estado. El diccionario de la Real Academia de la Lengua dice en su segunda acepción que una chapuza es "un trabajo hecho mal y sin esmero". Una definición que en su versión más extrema define a la perfección qué ha pasado en los últimos días con este nuevo intento, si es que nos quedamos con la versión más benévola de lo ocurrido.
El texto es tan sumamente ambiguo y da lugar a tantas interpretaciones que da la sensación de que el Gobierno ha preparado un Ministerio de la Verdad, que va a estar controlado desde el Palacio de La Moncloa, para valorar la información que aparece publicada en los medios de comunicación y que, además, va a ser el encargado de decidir si las noticias que se publican se ajustan a la realidad o son falsas. De hecho, la Comisión Europea está ya analizando el plan por si fuera contrario a los principios europeos
En el Departamento de Seguridad Nacional son claros. Mantienen que el único objetivo de la orden ministerial era dotarse de un marco y estructura adecuada para poder actuar cuando detecten una campaña de injerencia extranjera sobre nuestro país, y que bajo ningún concepto van a entrar a decir si la información que publica un medio es verdadera o falsa, al igual que no lo han hecho en los casi ocho años que han pasado desde su creación.
Pero es absolutamente normal que los partidos de la oposición, los medios de comunicación y la opinión pública tengas sus dudas, porque buena parte de la cúpula de Podemos ha abogado en el últimos años por redactar algún tipo de texto legal que le permita controlar con mano de hierro a todos aquellos que dicen cosas que no les gustan o les resultan inconvenientes. Solo hace unos días consiguieron aprobar un proyecto no de ley en este sentido en el Congreso.
Es más, ayer mismo el líder de Podemos en Castilla y León, Pablo Fernández, justificaba así el texto de la orden ministerial. "Es esencial y crucial luchar contra las fake news. Estamos en un momento en el que partidos de derecha y ultraderecha basan su discurso en la mentira". ¿No convierten estas palabras en mucho más creíble que lo que se ha redactado es la base para crear un Ministerio de la Verdad? Mucho más incluso si se recuerda la polémica sobre el control de las críticas al Gobierno en redes sociales que protagonizó el general de la Guardia Civil José Manuel Santiago durante el primer estado de alarma.
Desde el Departamento de Seguridad Nacional insisten: "No nos dedicamos a las fake news, no le dedicamos atención. Nosotros buscamos campañas de desinformación, que no suelen llevar fake news porque se desacreditan al segundo día. Buscamos injerencia extranjera y hemos detectado inferencias muy fuertes en cosas que afectan a la soberanía nacional, pero no se pueden dar datos".
Mantienen que no van a buscar bulos y verificar las noticias de los medios, pero esta posición es contradictoria con las explicaciones que dio ayer la ministra de Exteriores, Arancha González Laya. "Se trata de limitar que se puedan vehicular falsedades a través de radios, televisiones y también las plataformas digitales que falsean el debate público, que manipulan a la población y que pueden causar un gran quebranto a la democracia. De eso se trata", dijo.
¿Cuál es el objetivo real entonces? ¿Son solo las campañas de desinformación e injerencia como mantiene el Departamento de Seguridad Nacional? ¿Es el control de los medios como dijo Laya? O vayamos a otras posibilidades: ¿Laya no se había leído ni sabía de qué iba la orden ministerial y habló de oídas? ¿La ministra de Exteriores es incapaz de diferenciar entre una campaña de injerencia internacional y un tuit que dice que el coronavirus se previene bebiendo lejía?
Para mas inri, el texto de la orden ministerial recoge una frase excesivamente llamativa: "fortalecer la libertad de expresión y el debate democrático, examinando la libertad y pluralismo de los medios de comunicación, así como el papel en la sociedad civil". Aunque la frase aparece tal cual en el Plan de Acción Europeo para la Democracia elaborado por el grupo de trabajo de la UE, ¿qué sentido tiene analizar el pluralismo de los medios de comunicación si sólo se trata de detectar injerencias internas de países extranjeros?
La realidad es que, si el Gobierno tan sólo quería legislar para acabar con la desinformación, lo que ha conseguido es una auténtica chapuza salpicada con grandes dosis de desinformación por cortesía de la ministra Laya. Y si querían su propio Ministerio de la Verdad la pifia no es menor, pues ha dejado patente que la búsqueda de campañas de desinformación es el bulo tras el que se escondían sus intenciones de limitar la libertad de expresión de todos los españoles.