La pasión por la igualdad conduce a la ignorancia

Hace poco más de un año asistí como presidenta del Consejo Escolar de la Comunidad de Madrid a una reunión de la Junta de Participación de los Consejos Escolares Autonómicos. El principal asunto del día era la revisión de los últimos datos recopilados sobre la educación en España y en cada una de las comunidades autónomas.

Escuché decir al presidente escolar del Estado, Enrique Roca, un hombre de la absoluta confianza del actual secretario de Estado de Educación, que todos los indicadores nacionales e internacionales mostraban que la educación en España iba muy bien, y que solo había un par de cuestiones verdaderamente preocupantes: el número excesivo de repeticiones de curso y el alto porcentaje de alumnos que actualmente abandona los estudios al terminar la escolarización obligatoria, muchos de ellos sin la titulación necesaria para cursar bachillerato.

Lo asombroso fue que el presidente hablara de la OCDE y no hiciera mención alguna a los malos resultados que los alumnos españoles obtienen, año tras año, en la evaluación internacional PISA. Es más, Roca celebró la buena salud de la que goza la educación española gracias, según él, a las leyes socialistas (Logse de 1990 y LOE de 2006) sin hacer ninguna referencia a la actual ley de educación, la Lomce (Ley Orgánica de Mejora de la Educación), vigente desde su aprobación en 2013. Esa omisión, totalmente voluntaria, de la Ley Wert indica claramente el deseo de los socialistas de, una vez más, borrar todo vestigio de la ley del PP de la historia de la educación española.

Me tranquilizó ver que, a pesar de las intenciones del presidente del Consejo Escolar, en el borrador del anteproyecto de la Lomloe (Ley Orgánica de Modificación de la LOE) no figuraban modificaciones significativas de las condiciones para pasar de curso ni para obtener el título de bachillerato.

Tranquilidad que duró bien poco. El pasado 29 de septiembre se publicaba en el BOE un real decreto-ley de medidas urgentes en el ámbito de la educación no universitaria. Con la excusa de la pandemia, en dicho real decreto se incluían tres medidas de urgencia que, en principio, y según dice el propio RD, solo deberían estar vigentes para este curso escolar.

Por un lado, se decretaba la supresión de todas las evaluaciones previstas por la Lomce, evaluaciones que ya en 2016 un real decreto-ley del Gobierno de Rajoy había dejado convertidas en muestrales y sin efecto académico (un error, a mi entender, imperdonable). Por otro, el decreto-ley establecía que en este curso académico los alumnos de ESO y de Bachillerato podrán obtener el título correspondiente, aunque tengan todas o casi todas las asignaturas suspensas.

Y, como tercera medida urgente, se ha decretado que la repetición de curso deberá tener “carácter excepcional” y que no podrá tomarse solo por “razones académicas”. Es decir, no se podrá hacer repetir a un alumno únicamente por tener un gran número de asignaturas suspendidas.

Pues bien, días después de publicar este real decreto-ley, la mayoría parlamentaria que sostiene al Gobierno de Sánchez ha votado una enmienda que permitirá al Gobierno incorporar estas medidas “urgentes” al texto definitivo de nueva ley de educación, la Lomloe.

Evidentemente, si no se hacen exámenes y se da un aprobado general, el porcentaje de aprobados, de titulados y de aspirantes a un título universitario será mucho mayor.

Para la izquierda, se trata de un gran progreso social. Toda la población obtendrá el mismo título, aunque el título ya no sirva para nada, y tendrá acceso a estudios superiores, aunque de superiores tengan muy poco. Se habrán limado las desigualdades intelectuales y ningún alumno quedará atrás, aunque, por supuesto, tampoco delante.

El aprobado general es lo que faltaba para que la institución escolar, creada hace siglos para la transmisión de los saberes fundamentales, se convierta en un lugar de entretenimiento, en un parque de atracciones, y el profesor en un poli de guardería, o quizás, ya que, como suele decirse, la enseñanza online “ha venido para quedarse”, en un presentador de televisión, más o menos entretenido. Pero también es lo que faltaba para que el esfuerzo, el afán de superación, la disciplina de trabajo o la exigencia desaparezcan del ámbito escolar.

Esta obsesión por la igualdad que desde hace años orienta el proyecto educativo de la izquierda me lleva a recordar las duras palabras con las que el filósofo francés Jean-François Revel, en su libro El conocimiento inútil, sentenciaba la escuela nacida de la revolución pedagógica de Mayo del 68. Revel, convencido de que el igualitarismo y el desprecio por el valor formativo de la instrucción, llevarían a que la escuela republicana dejara de ser el motor de ascenso social que siempre había sido, escribió:

La pretendida matriz de la justicia ha parido la injusticia suprema.