El Consejero o Consejera Primera, si lo hubiere, o el Consejero o Consejera que determine la ley suple y sustituye al Presidente o Presidenta de la Generalitat en los casos de ausencia, enfermedad, cese por causa de incapacidad y defunción. La suplencia y la sustitución no permiten ejercer las atribuciones del Presidente o Presidenta relativas al planteamiento de una cuestión de confianza, la designación y el cese de los Consejeros y la disolución anticipada del Parlamento.
Cualquiera lo puede entender a la primera, incluso un niño. El sustituto suplente de un presidente de la Generalitat inhabilitado judicialmente para el ejercicio de su cargo, tal como se dice en ese artículo 67 del Estatut que acabo de transcribir, no puede, y bajo ningún concepto, disolver el Parlamento de Cataluña. Por tanto, y en aplastante lógica cartesiana, el señor Pere Aragonès i García, que no es presidente de la Generalitat, honor que requeriría la elección de su persona por la mayoría de los diputados de la Cámara y un ulterior nombramiento solemne a cargo del Rey de España, no puede desconvocar unas elecciones que tampoco pudo convocar previamente, puesto que carece de atribuciones legales tanto para lo uno como para lo otro.
Y mucho menos aún, huelga decir, puede el citado Aragonès i García determinar según dicte su libre albedrío la fecha que más le convenga a él para que se celebren esos comicios que no puede convocar ni desconvocar. Y es que, para convocar o desconvocar, previamente hay que estar en condiciones de disolver, eso que expresamente le está vedado a Aragonès i García en el Estatut. El asunto es de traca e ilustra en su insólita cutrez formal los niveles de república bananera en los que se mueven las instituciones catalanes tras la asonada de octubre. El lector no advertido se puede estar preguntando quién convocó entonces las elecciones del 14 de febrero próximo. En puridad, nadie. Esos comicios se fijaron de forma automática, siempre con arreglo a lo establecido en el Estatut, al no haber ningún candidato que aspirase a ocupar la silla del inhabilitado Torra. Y también se puede estar preguntando ese mismo lector quién estaría legitimado ahora mismo para desconvocarlas. Pues tampoco nadie, absolutamente nadie. Por tanto, el próximo 14 de febrero, sí o sí, los ciudadanos de Cataluña iremos a votar. Lo dicho, de república bananera.