No es la primera vez que Bruselas se muestra contraria al totalitario intento del Gobierno social-comunista de cercenar la independencia del Poder Judicial en España, bien mediante el cambio de las mayorías parlamentarias necesarias para renovar el CGPJ, bien mediante la anulación de competencias del órgano de gobierno de los jueces mientras dure su situación de interinidad. Con todo, la carta que este martes ha escrito la vicepresidenta de la Comisión Europea y comisaria de Transparencia, Vera Jourová, es especialmente relevante, pues en ella se advierte al Ejecutivo de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias de la necesidad de que “al menos la mitad de los miembros del CGPJ" sean "jueces elegidos por sus pares”.
Se trata, por tanto, de una reclamación que no sólo va en dirección opuesta a la pretensión del Gobierno de reducir de 3/5 a la mitad más uno la mayoría por la que el Legislativo nombra a los miembros del CGPJ, sino que aspira a que “al menos la mitad” de estos sean elegidos por la propia Judicatura, exigencia completamente acorde a la literalidad del artículo 122 de la Constitución, que dicta que ocho miembros deben ser elegidos por las Cortes y doce por jueces y magistrados, algo que no se respeta desde que la reforma de 1985 vino a dictaminar que la totalidad de los miembros del CGPJ fuesen elegidos por mayoría de 3/5 en el Parlamento.
Es lógico que las nefastas consecuencias de la pandemia del coronavirus y la desastrosa gestión gubernamental capten la atención mediática y política; sin embargo, no deberían ser ignoradas las advertencias europeas contra el gravísimo plan social-comunista de convertir a España en una república bananera en la que no rija la separación de poderes. El llamamiento de la Comisión Europa para que España vuelva al statu quo previo a 1985, que es el que literalmente consigna la Constitución, es un severo toque de atención tanto al Gobierno como al principal partido de la oposición. A partir de ahora, el PP debería oponerse a llegar a un acuerdo con el PSOE no sólo porque los socialistas quieran meter en el CGPJ a vocales propuestos por Podemos: el único acuerdo admisible debería ser aquel por el que se restablezca el mandato constitucional de que la mayoría del Consejo sea elegida por los propios jueces.
En caso contrario, podrá entonarse un canto fúnebre no sólo por las víctimas del covid y por la economía nacional, sino por la propia democracia, que para sobrevivir necesita, más que nunca, resucitar a Montesquieu.