Finalmente, parece que Pedro Sánchez asistirá a la primera reunión de la ominosa mesa de diálogo con los partidos separatistas catalanes, a los que debe la poltrona.
Es cierto que las reyertas internas en el separatismo, que han desembocado en choques violentos como los de la Diada, desvirtúan unas negociaciones a las que pretenden dar un marchamo de bilateralidad para la celebración de referéndum. Pero lo importante no es que las distintas facciones del secesionismo anden a sillazos, sino que han sido convocadas por el Gobierno para una serie de reuniones cuyo propósito es hacer saltar por los aires el orden constitucional.
Acierta Adriana Lastra (por supuesto, involuntariamente) cuando afirma que "lo importante no es el quién, sino el qué". En efecto, lo sustancial no es que Sánchez acuda o deje de acudir a un encuentro con sus socios golpistas, sino que los haya convocado a una mesa de negociación que solo tiene como objetivo la destrucción de la Nación.
En todo caso, el Gobierno social-comunista enviará una nutrida representación a negociar con lo peor de la casta política catalana. De paso, la Generalidad recibirá numerosas prebendas económicas y competenciales, para escarnio de otros Gobiernos regionales con mayores necesidades de inversión y un sentido de la lealtad infinitamente mayor.
En muy pocos días se sabrá lo que el separatismo arrancará a Sánchez a cambio de mantenerlo en la Moncloa unos meses más. Lo más vergonzoso es que el Gobierno ceda a este chantaje en nombre de todos los españoles, a través de unas negociaciones bilaterales que suponen, en sí mismas, un desafuero anticonstitucional.