La detención en Cerdeña del expresidente catalán, Carles Puigdemont, desató el pavor en La Moncloa ante las consecuencias políticas que el arresto de este prófugo pueden tener para el futuro de Sánchez. La breve estancia en prisión del líder separatista y su posterior puesta en libertad sin medidas cautelares han aliviado el temor del Gobierno socialpodemita, aunque los socios independentistas de Sánchez siguen muy de cerca un asunto que, sin duda, marcará el futuro de la malhadada mesa de negociación con la Generalidad.
La maraña judicial orquestada en torno a la situación procesal de Puigdemont está siendo utilizada por el prófugo y los partidos que lo apoyan para hacer propaganda victimista, como en ellos es habitual. Unos y otros aluden a una "conjura" en contra de su líder huido, como consecuencia de la sed de "venganza" y la "voluntad represora del Estado español". Los demócratas, sin embargo, nos congratulamos de que los delincuentes sean arrestados, sobre todo cuando son perseguidos por delitos de extrema gravedad como el de sedición. No obstante, es muy improbable que los tribunales italianos entreguen al expresidente catalán a la Justicia española, dado el precedente de los tribunales belgas y alemanes en episodios similares ocurridos con anterioridad.
Puigdemont se beneficia del tremendo enredo judicial que los tribunales europeos han organizado en torno a su condición de europarlamentario fugado de la Justicia de su país de origen. Situaciones como ésta cuestionan la eficacia de las euroórdenes y la coordinación de los tribunales nacionales para detener a los prófugos y devolverlos a sus países para responder de sus delitos. Pero también es de justicia señalar que cuando el propio Gobierno del país que reclama a un delincuente lo trata con mano de seda, como hace Sánchez con Puigdemont, se desincentiva el celo de los tribunales foráneos para actuar con la debida contundencia e inmediatez.
Sánchez se ha referido a la detención del golpista Puigdemont con apelaciones genéricas al funcionamiento de la Justicia y al "compromiso y reivindicación del diálogo", como si todo se redujera a un malentendido que debe solucionarse con un mayor esfuerzo de entendimiento. Con su vergonzosa actitud rinde la fuerza legítima del Estado a los pies del separatismo para ganar tiempo y evitar que sus socios hagan saltar por los aires la actual legislatura.
Pero la tenacidad del Tribunal Supremo español y el hecho de que la razón está de su lado debe hacer que Puigdemont, más pronto que tarde, sea juzgado en nuestro país como partícipe de un delito que ya ha sido sentenciado como sedición.