Las andanzas de los emisarios de Puigdemont en Moscú han puesto al prófugo golpista en serios aprietos. El expresidente de la Generalidad gozaba hasta hace poco de una cierta consideración en Europa, gracias en buena medida a la Leyenda Negra española combinada con la eficacia propagandística del separatismo. Ni Bélgica, ni Alemania ni Italia tuvieron a bien extraditar al fugitivo, con la excusa de que los delitos por los que se pedía su extradición no tenían una correlación exacta con sus códigos penales. De este modo, el hombre logró erigirse en una piedra en el zapato del aparato judicial español. Con las matanzas en Ucrania en primer plano, los contactos de Puigdemont con elementos vinculados a Putin revelan ahora a los ojos de Europa la verdadera naturaleza del separatismo y su alta peligrosidad.
Que Puigdemont recurriera a los servicios legales de un individuo como Gonzalo Boye ya debía haber puesto sobre aviso a quienes consideran que el exalcalde de Gerona es una "víctima" y un "exiliado". Las informaciones sobre la vinculación del Kremlin y el separatismo enfocan a Josep Lluís Alay, un profesor universitario especializado en el Tíbet y que presume de hablar entre diez y trece idiomas (el tipo ha perdido la cuenta). Alay es el jefe de gabinete de Puigdemont como expresidente de la Generalidad y en virtud del cargo cobra del erario más de cien mil euros al año. Además, se ha reunido con la flor y nata del putinismo por razones académicas, según aduce. Y niega que Cataluña fuera una pieza del complejo teatro de operaciones de la guerra híbrida (operaciones de desestabilización de la Unión Europea emprendidas por Rusia). No opina lo mismo el Parlamento Europeo, que ha emprendido una investigación sobre los vínculos del separatismo catalán con el Kremlin. Otro que tampoco opina igual es el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, que algo debe de saber sobre las filias y fobias de sus compañeros de viaje.
En un segundo plano muy oscurecido quedan las maniobras de Boye, que habría llegado a contactar con connotados elementos del crimen organizado ruso a fin de procurar apoyo al independentismo catalán. El letrado Boye está acostumbrado a tratar con la hez de la hez. Nacido en Chile, fue condenado en España por colaborar con ETA en el secuestro de Emiliano Revilla. Sentenciado a catorce años, cumplió seis, que aprovechó para licenciarse en Derecho. Tras el paso por la cárcel se labró una carrera como editor de la revista Mongolia y secretario del Consejo de Administración del diario de Escolar, cargo que abandonó a mediados de 2017. En aquel tiempo ya se había convertido en una celebridad judicial al participar como acusación popular en el juicio del 11-M, defender al asesino Rodrigo Lanza o a Tania Sánchez, expareja de Pablo Iglesias, en un caso de tráfico de influencias. También ejerce de abogado de Quim Torra y es miembro en activo del Observatorio DESC (derechos económicos, sociales y culturales), entidad que catapultó a personajes como Ada Colau, Jaume Asens y Gerardo Pisarello. Pero no queda ahí el currículo. A Boye se le investiga por blanqueo de capitales del narcotraficante Sito Miñanco, otro de sus ilustres clientes.
No es en absoluto descartable que las investigaciones del Parlamento Europeo queden en agua de borrajas. A fin de cuentas, el separatismo catalán ha pasado a ser un expediente menor tras la pandemia y la invasión de Ucrania. Sin embargo, de los hechos probados se desprende que el independentismo catalán no es precisamente un movimiento blanco. El perfil de Boye es sumamente indiciario. Rufián no ha hecho más que poner de relieve las amistades peligrosas de Puigdemont y Junts per Catalunya (JxCat), la versión actual de la Convergencia de Pujol. Puede que los jueces europeos ya no sean tan sensibles a la Leyenda Negra española y reparen en la rusa cuando tengan que abordar el caso del prófugo. Es un dato. Como las reuniones, fotos y parabienes entre Oriol Junqueras, el padrino de Rufián, con Arnaldo Otegi.