El TSJ de Cataluña acaba de anular la ordenanza municipal de Ada Colau que impuso la Zona de Baja Emisiones (ZBE) en Barcelona y alrededores. Lo ha hecho con unos argumentos razonables que dejan en evidencia el despotismo, doctrinarismo y maximalismo del Gobierno municipal. Pero en la sentencia hay algo aún más demoledor. Algo que debería abochornar a partidos y dirigentes políticos que, como la propia Colau, presumen de sensibilidad social, de mirar por los desfavorecidos y estar con los débiles, y que despliegan continuamente toda la mercancía sentimental asociada a esos lemas. Porque son lemas, y nada más. De pacotilla.
El TSJC detecta con precisión quiénes son los más perjudicados por las medidas restrictivas impuestas en la ZBE barcelonesa, que es la mayor de Europa, seguramente a propósito, dada la conocida obsesión por ser lo más en todo. Los perjudicados son, como era de esperar, "los colectivos que tienen menor capacidad económica para renovar el vehículo". Así lo dice el TSJ, y dice bien, porque es la realidad. Y este guantazo social a los que tanto lloran por lo que sufren los pobres lo remata diciendo que en el procedimiento de elaboración de la ordenanza
no se ponderan suficientemente las consecuencias económicas y sociales que pueden derivarse de estas medidas restrictivas para los titulares de un vehículo sin distintivo ambiental, ni se valoran alternativas menos restrictivas.
A la vista de las asociaciones y gremios que presentaron el recurso, era evidente quiénes estaban entre los perjudicados. No iban a protestar los ricos locales o foráneos, que pueden comprar sin problemas –ya lo habrán hecho– un coche eléctrico con el distintivo ambiental que funciona de salvoconducto, y disfrutar tranquilamente de la ZBE. Los perjudicados son la gente corriente: los currantes. Y Colau, la Pasionaria de los desahuciados, ni siquiera los tuvo en cuenta. El impacto social de las restricciones, los perjuicios a residentes y profesionales con rentas medias y bajas, no entró en sus cálculos. Los desfavorecidos sólo sirven de figurantes en discursos demagógicos.
Prácticamente toda la política verde cojea del mismo pie. Las medidas que se adoptan en su nombre tienden a damnificar a las clases populares. Es como si estuvieran diseñadas para la gente de alto standing, que es probablemente la que más las reclama y aplaude. Y esto es así en España y en otros países europeos, sea de la mano de las izquierdas lacrimógenas, como la de Colau, sea de otros. Los chalecos amarillos en Francia hace unos años, las protestas de los transportistas españoles ahora, el malestar por la subida de los precios de luz y gas, todo ello tiene su raíz, en parte o totalmente, en decisiones políticas relacionadas con la política verde.
Como las élites políticas, incluidas las que se las dan de combatir a las élites, caso del partido de Colau, no presten atención, van a toparse con unos efectos que dejarán pequeño el ascenso del populismo tras la gran recesión de 2008. La nueva lucha de clases, por así decir, va a ser entre los que pueden comprarse coche eléctrico y acceder al centro de las ciudades con sus vehículos y los que tendrán prohibido ese acceso por falta de medios para adquirir vehículos con el salvoconducto ambiental adecuado. La Zona de Bajas Emisiones de Colau marca el camino de cómo ir a saco contra la gente corriente en nombre de grandes causas ecológicas.