
En 2021, por mortificar al PP, socialistas y comunistas modificaron la ley para que el Consejo General del Poder Judicial con mandato prorrogado no pudiera hacer nombramientos. Era una forma de impedir que los conservadores hicieran valer su mayoría a la hora de cubrir los altos cargos de la judicatura que fueran quedando vacantes y de forzar al PP para que se aviniera a renovar el Consejo. El PP sigue negándose mientras el PSOE no acepte reformar la ley y los vocales jueces sean elegidos por éstos, como manda la Constitución.
Así está la cosa y ahora hay que renovar un tercio de los magistrados del Constitucional, los dos del Gobierno y los dos del Consejo. De producirse la renovación, los socialistas volverían a tener mayoría en el tribunal de garantías, por salir los dos que nombró Rajoy y entrar los que diga Sánchez. Pero no se puede. ¿Por qué? Porque socialistas y comunistas, al privar al Consejo de la facultad de hacer nombramientos, por efecto de la generalidad de la ley, les quitó la de hacer todos los nombramientos, incluidos los de los dos magistrados del alto tribunal que le corresponden.
Bolaños, con cara de leguleyo pasmado, dice que el Gobierno puede nombrar a los dos suyos y el Consejo hacerlo luego, cuando se renueve. Pero eso no es lo que dice la Constitución. Según ella, las renovaciones se hacen por tercios, no por sextos, de forma que para que el Gobierno pueda nombrar los suyos el Consejo debería hacer lo mismo con los de él. Podría el Gobierno imponer su inconstitucional punto de vista de momento y el que venga que arree, como tantas veces ha hecho, pero en esta ocasión no es posible porque el pleno del Constitucional tiene que ratificar la legalidad de los nombramientos y no lo hará si no vienen acompañados de los dos del Consejo. De esta manera, la mayoría conservadora que disfruta el Constitucional se prorrogará sine die hasta que el Consejo sea renovado, el PSOE derogue su reforma de 2021 o cambie la ley en el sentido que demanda el PP. Y esto es así porque las leyes son generales y no particulares. No son ni pueden ser para resolver problemas concretos, ni siquiera los de Sánchez, sino que se aplican a todo aquello en lo que esté pensando quien las redacta y a lo que no. Total, que la reforma hecha para jeringar al PP a quien de verdad jeringa es a Sánchez y a su Gobierno.
Sólo falta que entre los dos que elija Sánchez esté Margarita Robles, con idea de catapultarla al Constitucional como un modo de dar satisfacción a los golpistas sin que ella se queje, y luego resulte que tras dimitir del Gobierno le digan que su nombramiento no vale y se tenga que ir a… Bueno, no se sabe a dónde porque el cargo que ocupaba en el Supremo ya se lo han dado a otro. Y tampoco podría ir a ninguno que esté vacante porque el Consejo sigue sin poder hacer nombramientos, ni siquiera cuando se trate de Margarita Robles. Cosas de la generalidad de la ley. Son así de listos.
