Cuatro días después de ser imputada por presuntamente encubrir los abusos sexuales perpetrados por su entonces marido a una menor tutelada, la vicepresidenta de la Generalidad valenciana y líder de Compromís, Mónica Oltra, ha presentado finalmente su dimisión. Ni que decir tiene que no lo ha hecho empujada por ningún código ético que le haga ver la incompatibilidad de seguir en el cargo estando acusada de delitos tan graves como son los de prevaricación, abandono de menores y omisión del deber de perseguir delitos. Su salida se debe exclusivamente al interés partidista y a las presiones del presidente de la Generalidad, Ximo Puig, que, sin reclamar la dimisión públicamente, no ha disimulado en ningún momento sus desavenencias con su hasta ahora vicepresidenta.
Prueba de que esta asunción de responsabilidades nada tiene de encomiable desde el punto de vista ético no sólo es el tiempo que ha tardado en presentar su renuncia, sino la agresiva desfachatez con que lo ha hecho, al denigrar la acción de la Justicia como una "cacería política", sentenciar que su salida es "victoria de los malos" y afirmar desafiante: "Me voy con la cara alta y los dientes apretados".
La arrogancia de Oltra ya sería inadmisible aun cuando sólo hubiese incurrido en una responsabilidad in vigilando respecto al abuso sexual de su ya condenado exmarido sobre una menor tutelada por la Administración de la que era responsable. Pero es que Oltra hizo algo mucho peor que faltar a su deber de proteger a esa joven: trazó, según sostiene la Fiscalía, un plan para "desacreditar a la víctima y desvirtuar su testimonio, negando su credibilidad", en dos fases: la primera, mediante el "ocultamiento de los hechos por parte de organismos de la Conselleria de Igualdad", y la segunda mediante "un proceso de descalificación de la credibilidad de la menor" que se materializó en un expediente informativo.
De hecho, la salida de Oltra no debe servir de cortafuegos para que Puig no presente a su vez la dimisión, previa convocatoria de elecciones autonómicas. En primer lugar, porque es Puig el máximo responsable político de los hechos, aun cuando no tenga sobre ellos ninguna responsabilidad penal. La distinción entre responsabilidades políticas y responsabilidades penales es la que, en ocasiones como esta, hace de la dimisión un imperativo no legal pero sí moral. En segundo lugar, porque tendría que haber sido el propio Puig el que destituyera a Oltra, el mismo día en que esta fue imputada y se negó a presentar su dimisión, con el ominoso respaldo de todo su partido. Y, finalmente, por el hecho, aun más decisivo, de que el propio presidente de la Generalidad está salpicado por un escandalo de corrupción, no tan repugnante como el de Oltra pero no por ello admisible, como es el que se deriva de la imputación de su hermano por un delito de malversación.
La clamorosa incompetencia y escándalos como los aquí referidos tendrían que ser la tumba de los Acuerdos del Botánico suscritos por el PSPV y Compromís. Los valencianos no se merecen estar en manos de esta banda, por lo que urge la convocatoria de elecciones autonómicas.