El anteproyecto de Ley de Memoria Democrática aprobado por el Gobierno para su envío a las Cortes Generales es prolijo en su articulado y satisfactoriamente preciso a la hora de definir las figuras jurídicas objeto de protección por esta norma y el régimen jurídico de su aplicación. Se nota que el sanchismo ha querido lucirse con un borrador que pretende imponer a través de la coacción estatal el relato izquierdista de la historia reciente de España, pero el alarde justiciero de los redactores es tan poco cuidadoso que ha dejado la puerta completamente abierta a que las víctimas del Frente Popular hagan valer sus derechos en el ámbito de esta ley con mucha mayor contundencia que los grupos que el Gobierno pretende beneficiar.
El ámbito temporal al que se va a aplicar esta nueva ley de Memoria Histórica es "el período comprendido entre el golpe de Estado de 18 de julio de 1936, la Guerra de España y la Dictadura franquista hasta la promulgación de la Constitución Española de 1978", lo que incluye obviamente todos los asesinatos, incautaciones, violaciones y robos perpetrados en la retaguardia por la izquierda desde que se produjo el alzamiento militar. A estos efectos, el artículo 3.1 establece claramente quienes son las víctimas cuyos derechos se pretende reparar, a saber:
"Se considera víctima a toda persona, con independencia de su nacionalidad, que haya sufrido, individual o colectivamente, daño físico, moral o psicológico, daños patrimoniales, o menoscabo sustancial de sus derechos fundamentales, como consecuencia de acciones u omisiones que constituyan violación de los derechos humanos durante el periodo que abarca el Golpe de Estado de 18 de Julio de 1936, la posterior Guerra y la Dictadura, incluyendo el transcurrido hasta la entrada en vigor de la Constitución española de 1978".
Está claro: Paracuellos del Jarama. En noviembre de 1936, dentro del periodo incluido en la ley, se produjo en esa localidad madrileña la mayor masacre de la guerra con el asesinato de 6.000 personas inocentes, incluidos menores de edad, por orden de dirigentes del régimen republicano entre los que figuran los fundadores de partidos que todavía siguen hoy legalizados para escándalo de todos los demócratas.
Ese mismo artículo recoge también el celo del legislador para reparar a "las personas que padecieron la represión económica con incautaciones y pérdida total o parcial de bienes, multas, inhabilitación y extrañamiento", lo que obligará a Dolores Delgado a investigar el destino de las obras de arte, el dinero, las cajas de seguridad de los bancos, los fondos de los montepíos y el resto de bienes incautados por las autoridades republicanas, que desaparecieron sin que hasta hoy se tenga noticia de su destino. La Fiscal General no tiene escapatoria, porque la ley que su jefe va a enviar al parlamento dispone en su artículo 32 esto que sigue:
"La Administración General del Estado promoverá las iniciativas necesarias para la investigación de las incautaciones producidas por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa durante la Guerra y la Dictadura y, en particular, realizará una auditoría de los bienes expoliados en dicho periodo, (…)".
Naturalmente, tendrá que ordenar la disolución de la Fundación Indalecio Prieto, cuyo titular fue responsable directísimo de este monumental latrocinio y poner a sus actuales dirigentes ante la Justicia si no se avienen de buen grado a su desaparición.
Hay víctimas de asesinatos especialmente odiosos a las que la ley dedica un apartado especial. Son las "que sufrieron persecución o violencia por razón de conciencia o creencias religiosas, así como aquellas personas represaliadas o perseguidas por pertenecer a la masonería y las sociedades teosóficas y similares".
Masones asesinados no se sabe cuántos hubo, pero las víctimas pertenecientes a la religión católica en la zona bajo el dominio de socialistas y comunistas sí están perfectamente documentadas: 13 obispos, 4.184 sacerdotes, 2.365 frailes y 296 monjas. Total, 6.858 víctimas, cuya memoria esta ley tendrá que reparar.
Y como el artículo 64.1 reza que "cualquier persona podrá denunciar las infracciones previstas en esta ley", es de suponer que los descendientes de las víctimas del bando republicano estarán preparando la documentación oportuna para exigir a los actuales socialistas y comunistas la reparación pertinente por la vulneración monstruosa de los derechos humanos que cometieron con sus familiares. Raro será que no colapsen los registros de la fiscalía en cuanto el BOE publique la ley.