La ratificación por el Tribunal Supremo de la sentencia de la Audiencia de Sevilla por el caso de los ERE fraudulentos es solo la primera de las acciones judiciales relacionadas con esta macrocausa, que involucra a centenares de acusados y numerosas piezas separadas todavía pendientes de sustanciarse de manera definitiva ante los tribunales.
La respuesta del PSOE a este escándalo de corrupción, el más grave de nuestra democracia, ha sido doble. Por un lado, los socialistas aseguran que Chaves y Griñán, los dos presidentes socialistas condenados por corruptos, son inocentes porque no se lucraron personalmente en la trama, mientras que por otro tratan de dilatar en el tiempo su asunción de responsabilidades porque hasta septiembre no se conocerá el texto íntegro de la sentencia del Supremo.
Sin embargo, la responsabilidad de los dos ex presidentes andaluces en el agujero multimillonario de las cuentas públicas de la Junta es incuestionable, desde el momento en que promovieron y mantuvieron durante años un sistema opaco de reparto de cantidades millonarias a empresas y organizaciones cercanas, a pesar de las repetidas advertencias de los interventores y organismos de cuentas sobre la ilegalidad del procedimiento que estaban utilizando. Un proceso que consistía básicamente en armar un brevísimo simulacro de expediente de regulación de empleo al socaire de la crisis económica, tras cuya presentación se recibían importantes cantidades de dinero público sin la menor fiscalización. Chaves y Griñán lo sabían bien, pero siguieron promoviendo ese latrocinio de fondos públicos porque el mantenimiento de esas redes clientelares les resultaba imprescindible para mantener el poder.
En cuanto al segundo pretexto invocado por los socialistas, si bien es cierto que la sentencia del Supremo no se conocerá hasta septiembre, no lo es menos que lo que hace el alto tribunal es confirmar la sentencia inicial de la Audiencia de Sevilla, que se conoce en su totalidad. En esa pieza, una de las decenas desgajadas de la macrocausa de los ERE, se identifica de manera incuestionable la responsabilidad de Chaves y Griñán en el robo de casi 700 millones de euros de los ERE y, de forma más limitada, también la de centenares de altos cargos que han sido también juzgados en el mismo proceso.
Pero esa cantidad está muy lejos de ser la definitiva. Por un lado, se trata de lo que se malversó a través de una de las agencias de la administración paralela de la Junta de Andalucía, pero hay otras muchas causas pendientes de sentencia que juzgarán la desaparición de varios centenares de millones adicionales. De hecho, la Cámara de Cuentas de Andalucía calcula que los socialistas habrían desfalcado en torno a 1.200 millones de euros del presupuesto de la Junta, a lo que habrá que sumar los intereses de demora cuando, tras las sentencias, se exija a los culpables su devolución.
Son cifras mareantes que no pueden atribuirse, como hacen los sanchistas, a un puñado de golfos enquistados en las estructuras del PSOE andaluz. Muy al contrario, estamos ante el desvalijamiento concienzudo de las arcas públicas por una trama política liderada por dos presidentes del PSOE, un asunto mucho más grave que el que utilizó Sánchez espuriamente para interponer una moción de censura a Rajoy.