El frente separatista catalán se ha quebrado cinco años después de la manifestación de un millón de ciudadanos en Barcelona a favor de la unidad de España que fue el rejón de muerte del golpe de Estado. Los herederos de la Convergencia de Pujol salen del gobierno de la Generalidad y pasan a la oposición, una situación en la que esta facción del nacionalismo no se encontraba desde 2010, en los albores del "Procés".
El matrimonio de conveniencia entre ERC y "Junts" (antes Pedecat y antes Convergencia) se fraguó a mediados de 2015 y hasta entonces han ocupado el gobierno autonómico catalán en un simétrico reparto de fondos, recursos y cargos. Junqueras fue vicepresidente de Mas y Puigdemont; Pere Aragonès lo fue de Torra y ha dirigido con los posconvergentes un gobierno que este viernes se fue al garete diez días después de que ERC fulminara al vicepresidente de la cuota de "Junts" en el ejecutivo regional.
El separatismo está en su momento de mayor debilidad desde el golpe de Estado. Aragonès ha pasado de tener el apoyo de 72 diputados a sólo el de 33, como subrayaba la gran vencedora del divorcio separatista, Laura Borràs, una procesada por corrupción con una ambición política sin límites, partidaria de rebobinar la política catalana hasta el otoño negro de 2017.
Durante los últimos años, ERC y lo que iba quedando de Convergencia han librado una batalla sin cuartel, pero lograron mantener una apariencia de unidad estratégica a pesar de que Junqueras y Puigdemont no se hablan desde la fuga a Bélgica. A pesar también de que ERC frustró operaciones como la de nombrar presidente de la Generalidad al prófugo tras las elecciones del 155. Los republicanos también dejaron caer a Torra sin oposición y fulminaron a Borràs de la presidencia del parlamento autonómico aprovechando la letra pequeña del reglamento de la cámara relativa a los encausados por delitos relacionados con la corrupción, como es el caso de la dirigente de "Junts". La última humillación fue el cese de un vicepresidente.
El esperpento de los últimos días y la consulta definitiva a los escasos militantes de "Junts" ponen punto final a esa alianza que redujo a cenizas las victorias electorales de Ciudadanos en 2017 y del PSC en 2021. La oportunidad de desalojar a los golpistas del poder es evidente, como lo es más aún que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ya ha garantizado a los republicanos que les sostendrá en Cataluña a cambio de que le mantengan a él en la Moncloa. No cabe esperar nada de patriotismo, sentido de Estado y decencia de Pedro Sánchez, sino todo lo contrario.
De modo que la ruptura del frente separatista no servirá para revertir la grave situación política de Cataluña y proseguirán prácticas como la discriminación de los castellanohablantes, la persecución del idioma español en las escuelas, la sanidad y los demás ámbitos públicos y el saqueo de los recursos públicos para financiar el separatismo y los planes golpistas.
El mes de octubre de hace cinco años hubo tres grandes manifestaciones a favor de la unidad de España en Cataluña, los días 8, 12 y 29. Ningún partido de los que se reclaman constitucionalistas muestra el más mínimo interés por recordar y aún menos reivindicar aquellos actos de coraje ciudadano que fueron determinantes para el fracaso del golpe de Estado. Todo lo que han hecho en estos últimos cinco años es contribuir a la desmovilización de aquellos ciudadanos que llenaron las calles de Barcelona ante el indisimulado intento de aniquilación que estaba llevando a cabo el separatismo.
Ahora, el independentismo está roto, en medio de un feroz ajuste de cuentas entre familias, sin el pegamento del poder, en un momento crítico. Que los socialistas acudan al rescate es la penúltima infamia de la política en Cataluña, una región que sigue fuera de control y donde se aplastan los derechos civiles de más de la mitad de la población. Sigue la dictadura separatista en Cataluña.